Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Los sindicatos declaran de “alto secreto” la denuncia que presentarán contra la Junta por no hacer públicas las ‘bufandas’
La
Junta de Personal ve indicios de “malversación de fondos públicos” y
otros delitos en la forma de asignar y esconder las gratificaciones
extraordinarias que paga a un selecto grupo de empleados públicos
últimoCero
Valladolid
:: Jueves, 12 de Junio de 2014 ::
Las
declaraciones de la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en sede
parlamentaria, sobre las gratificaciones extraordinarias (‘bufandas’)
que pagan las consejerías a un selecto grupo de empleados públicos
(alrededor de 400) de forma “sistemática, con cuantías fijas y periódicas”
ya tienen una contundente respuesta sindical: todos las centrales que
forman parte de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta
han acordado, por unanimidad, presentar una denuncia en los juzgados.
Una denuncia que, para parodiar a la consejera, ha sido declarada de “alto secreto sindical”, ya que Del Olmo, en su última comparecencia en Cortes para tratar este asunto a preguntas del PSOE, llegó a asegurar que los listados de preceptores de estas gratificaciones tan legales como chirriantes en tiempos de crisis, deben ser secretos para no vulnerar su intimidad, obviando informes jurídicos de las propias Cortes y buscando refugio en un informe de la Agencia de Protección de Datos.
Para los sindicatos “las acciones llevadas a cabo por parte de la Administración declarando secretas las retribuciones extraordinarias” constituyen “una presunta obstrucción contra la Ley de Libertad Sindical por parte de los secretarios generales” de cada consejería, debido a la “negación sistemática a aportar la documentación de todas y cada una de las gratificaciones extraordinarias de los años 2011, 2012 y 2013”.
La Junta de Personal va más allá y apunta posibles indicios de delito de “malversación de fondos públicos” por parte de los consejeros, ya que “las cuantías de esas retribuciones puede que hayan sido fijas y periódicas, y sostenidas en el tiempo de forma sistemática, lo que podría ser un fraude de ley”.
Antes de anunciar su denuncia judicial y declararla como de “alto secreto sindical”, los integrantes de la Junta de Personal señalan que la forma de actuar de los consejeros respecto de este tema concreto también podría estar vulnerando el artículo 404 del Código Penal (prevaricación), el 408 (omisión del deber de perseguir delitos) y el 542, que señala que “incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.
En este caso, hasta el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, estaba avisado, ya que la Junta de Personal le advirtió por carta el pasado 16 de enero de cuáles eran sus intenciones.
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Para los sindicatos “las acciones llevadas a cabo por parte de la Administración declarando secretas las retribuciones extraordinarias” constituyen “una presunta obstrucción contra la Ley de Libertad Sindical por parte de los secretarios generales” de cada consejería, debido a la “negación sistemática a aportar la documentación de todas y cada una de las gratificaciones extraordinarias de los años 2011, 2012 y 2013”.
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Antes de anunciar su denuncia judicial y declararla como de “alto secreto sindical”, los integrantes de la Junta de Personal señalan que la forma de actuar de los consejeros respecto de este tema concreto también podría estar vulnerando el artículo 404 del Código Penal (prevaricación), el 408 (omisión del deber de perseguir delitos) y el 542, que señala que “incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.
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