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**********************************************************************************Tres jueces que hacen su trabajo y honran a la Justicia
LA AUDIENCIA NACIONAL respaldó ayer la labor profesional del juez
Pablo Ruz y pidió al Consejo General del Poder Judicial que le prorrogue
su plaza seis meses más, en sustitución del titular Miguel Carmona, que
es ahora magistrado de enlace con el Reino Unido. Ruz está haciendo una
meritoria tarea y se ha ganado el respeto de sus compañeros. Los
miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia votaron de forma unánime
solicitar esa prórroga, destacando expresamente su trabajo «positivo».
Pero el prestigio de que disfruta Ruz contrasta con la falta de colaboración del PP en la investigación sobre los papeles de Bárcenas. El juez ordenó registrar su sede el pasado jueves en busca de documentos que corroboren que el partido pagó facturas con dinero negro, como indican los apuntes del ex tesorero.
El PP no se ha atrevido a criticar abiertamente a Ruz en términos como los empleados contra la Udef, pero sí que ha hecho todo lo posible para obstaculizar la investigación. Tras borrar los discos de la contabilidad y hacer desaparecer las agendas y el libro de visitas, sus dirigentes siguen negando esos pagos con dinero negro pese a los sólidos indicios que Ruz maneja.
Francisco Cañizares, portavoz parlamentario del PP en Castilla-La Mancha, tuvo el cinismo de declarar ayer que el juez Ruz buscaba «pruebas» del enriquecimiento ilícito de Bárcenas en ese registro, lo cual es rigurosamente falso. Cualquiera que haya leído el auto sabe que Ruz está detrás de pagos con dinero negro y de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Si el partido de Rajoy no se ha atrevido a cruzar la línea roja de descalificar a este magistrado, el PSOE no ha tenido ni el menor reparo en crucificar a Mercedes Alaya, la juez de Sevilla que investiga el caso de los ERE. UGT también lo ha hecho, llegando a manifestarse frente a su juzgado. Chaves, Griñán, Zarrías y otros dirigentes del PSOE en Andalucía han instigado campañas de desprestigio contra la juez, poniendo en tela de juicio su imparcialidad mientras la Junta ponía todas las trabas posibles a la investigación.
Similar calvario ha sufrido el juez de la Audiencia de Palma, José Castro, que ha tenido que soportar el sectarismo de algunos medios ultramonárquicos que han arremetido contra sus decisiones, además de la falta de colaboración de la Agencia Tributaria en la instrucción del caso Nóos. Castro se ha topado contra un muro cuando ha intentado imputar a Doña Cristina, que ha contado con la protección de la Fiscalía a lo largo de toda la investigación.
Si Ruz, Alaya y Castro prosiguen su trabajo y no han tirado la toalla es porque son tres jueces vocacionales que creen en la Justicia y tienen un gran sentido del deber. No cuentan con el apoyo de la Fiscalía ni de la cúpula judicial y son molestos para las instituciones porque son independientes y no adoptan sus resoluciones para congraciarse con nadie. Podrán acertar o equivocarse en decisiones discutibles que afectan a la libertad o la imagen pública de personales relevantes, pero gracias a jueces como éstos existe todavía en España la posibilidad de que determinados comportamientos no queden impunes. Y eso la sociedad debe saberlo y además hay que agradecérselo.
Pero el prestigio de que disfruta Ruz contrasta con la falta de colaboración del PP en la investigación sobre los papeles de Bárcenas. El juez ordenó registrar su sede el pasado jueves en busca de documentos que corroboren que el partido pagó facturas con dinero negro, como indican los apuntes del ex tesorero.
El PP no se ha atrevido a criticar abiertamente a Ruz en términos como los empleados contra la Udef, pero sí que ha hecho todo lo posible para obstaculizar la investigación. Tras borrar los discos de la contabilidad y hacer desaparecer las agendas y el libro de visitas, sus dirigentes siguen negando esos pagos con dinero negro pese a los sólidos indicios que Ruz maneja.
Francisco Cañizares, portavoz parlamentario del PP en Castilla-La Mancha, tuvo el cinismo de declarar ayer que el juez Ruz buscaba «pruebas» del enriquecimiento ilícito de Bárcenas en ese registro, lo cual es rigurosamente falso. Cualquiera que haya leído el auto sabe que Ruz está detrás de pagos con dinero negro y de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Si el partido de Rajoy no se ha atrevido a cruzar la línea roja de descalificar a este magistrado, el PSOE no ha tenido ni el menor reparo en crucificar a Mercedes Alaya, la juez de Sevilla que investiga el caso de los ERE. UGT también lo ha hecho, llegando a manifestarse frente a su juzgado. Chaves, Griñán, Zarrías y otros dirigentes del PSOE en Andalucía han instigado campañas de desprestigio contra la juez, poniendo en tela de juicio su imparcialidad mientras la Junta ponía todas las trabas posibles a la investigación.
Similar calvario ha sufrido el juez de la Audiencia de Palma, José Castro, que ha tenido que soportar el sectarismo de algunos medios ultramonárquicos que han arremetido contra sus decisiones, además de la falta de colaboración de la Agencia Tributaria en la instrucción del caso Nóos. Castro se ha topado contra un muro cuando ha intentado imputar a Doña Cristina, que ha contado con la protección de la Fiscalía a lo largo de toda la investigación.
Si Ruz, Alaya y Castro prosiguen su trabajo y no han tirado la toalla es porque son tres jueces vocacionales que creen en la Justicia y tienen un gran sentido del deber. No cuentan con el apoyo de la Fiscalía ni de la cúpula judicial y son molestos para las instituciones porque son independientes y no adoptan sus resoluciones para congraciarse con nadie. Podrán acertar o equivocarse en decisiones discutibles que afectan a la libertad o la imagen pública de personales relevantes, pero gracias a jueces como éstos existe todavía en España la posibilidad de que determinados comportamientos no queden impunes. Y eso la sociedad debe saberlo y además hay que agradecérselo.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/10/actualidad/1386706838_327132.html
Los puestos vitalicios en la Administración están cada vez más cuestionados
Algunas profesiones requieren esa seguridad, pero no es necesaria en todas
El funcionario ha sido una figura denostada, puesta permanentemente en cuestión por chistes de bar y por sesudos estudios académicos, y duramente criticada en los últimos años desde posiciones que repiten una y otra vez palabras como “despilfarro” o “ineficacia”. Pero la figura del funcionario se creó en España en el siglo XIX por consenso, con la convicción de que había que acabar con la práctica de que cuando llegaba un partido al poder, sus trabajadores entraban en las Administraciones, y cuando salía comenzaba de nuevo el trasiego de sustituir a unos por otros.
“El funcionario tiene su razón de ser. Fue un acuerdo de los grandes partidos, no lo olvidemos, para que personas con unos conocimientos determinados ocuparan esos puestos y quedaran fuera de la lucha partidista”, explica Juan Oliva, profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha especializado en salud.
Hoy, cada vez más voces aseguran que ya no es necesaria (al menos no en todas las profesiones que hoy engloba el funcionariado) la seguridad de tener puestos de trabajo prácticamente vitalicios —a los que accede por mérito— que, sostienen, no fomentan el esfuerzo y la mejora por la falta de incentivos. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dijo el lunes que no cree que los médicos de la sanidad pública deban ser funcionarios. Según el consejero, que tiene paralizado en los tribunales su plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, el sistema actual se ha vuelto “en contra” de los médicos, porque “no tienen incentivos para mejorar su desempeño más allá de la pura motivación altruista”.
“Hace falta una revisión de la función pública, que ha cambiado muy poco, pero la propuesta de Madrid no es para mejorar el servicio público, sino por los planes de privatización”, asegura el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago Peñas. El especialista defiende cambiar el sistema, pero para mejorarlo (y tener más herramientas para incentivar y penalizar), no para quitarlo y sustituirlo por otro “que no está funcionando”, asegura.
Además, en un contexto de recortes presupuestarios en los servicios públicos y grandes movilizaciones en contra, muchos creen que no es el mejor momento para un debate sosegado sobre un posible cambio (numerosos expertos han planteado esa misma objeción a la regulación de los servicios mínimos en las huelgas). De hecho, el responsable de enseñanza de CC OO, Francisco García, interpreta que se quiere castigar y controlar a aquellos que están encabezando la marea blanca de la sanidad o la marea verde de la educación, entre otras cosas, protegidos por su condición de funcionarios. “Quieren privatizar el sistema y devolverlo al siglo XIX”, asegura García.
La figura del funcionario —entendida como aquella persona que ha alcanzado un puesto fijo, de por vida, en una Administración pública— existe en todos los países desarrollados, ya que nadie pone en cuestión que ese nivel de seguridad es necesario para ejercer ciertas profesiones, al menos para aquellas que requieren ejercer “la autoridad administrativa”, por ejemplo, un policía, un inspector de Hacienda, un juez…
En Europa, hay dos grandes modelos: el que amplía el radio a muchas profesiones (como Francia o España) o lo restringe a unas pocas, como el anglosajón, donde sanitarios y docentes son empleados contratados. En 2009, los trabajadores públicos en España eran el 13,1% de la población activa, frente al 21,9% de Francia, el 26% de Suecia o el 29% de Dinamarca, según la OCDE; sin embargo, en España son funcionarios el 57% de los empleados públicos, en Francia el 73%, en Dinamarca el 36% y en Suecia solo el 1%.
García, de CC OO, defiende el funcionariado en sentido amplio —“para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos con independencia del poder político”— y en particular de los profesores. “En las escuelas hace falta una independencia, una pluralidad de visiones, de perspectivas y valores para poder formar a ciudadanos libres”, asegura.
También en el caso de los médicos es importante la estabilidad en el empleo, opina José María Molero, portavoz del sindicato médico SIME. “Si un facultativo no está sujeto a renovaciones de contrato continuas ni a cambios de trabajo mejora la continuidad asistencial y la relación médico-paciente y, al final, la eficiencia del sistema”, argumenta. Molero recuerda la “contradicción” en la que incurre Lasquetty cuando habla de falta de incentivos: “Su consejería tiene paralizada desde hace cinco años la aplicación de la carrera profesional, que reconoce méritos y experiencia”.
Fernando Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, rechaza el tópico de que los funcionarios no están incentivados ni pueden perder su puesto. “Hay un régimen disciplinario que contempla faltas muy graves y separación de servicio. Es cierto que sucede pocas veces, pero es por falta de capacidad de gestión de las Administraciones. Y claro que hay políticas de incentivos, muy variables entre comunidades, pero que se apliquen depende de tener gestores públicos profesionales, y no los tenemos. Aquí director general puede ser cualquiera. Pueden hacerlo, pero los gestores ni incentivan ni castigan”, señala. Castillo, sin embargo, reconoce la “rigidez” del sistema y la necesidad de reformas. Opina también que “en ningún sector es imprescindible que haya puestos vitalicios, excepto la justicia y alguno más, como los abogados del Estado o los inspectores”. “La garantía de la estabilidad en el empleo parece aconsejable para garantizar la imparcialidad. Pero no creo que sea imprescindible en educación ni en sanidad”, señala.
En la parte universitaria, la desfuncionarización docente es una reclamación continúa desde muchos sectores. La comisión de expertos que, por encargo del ministro José Ignacio Wert, redactaron recomendaciones para la reforma universitaria, propusieron en febrero una doble vía de acceso: una para funcionarios y otra para contratados indefinidos, lo que permitiría “proporcionar” una transición hacia una “desfuncionarización”. Dos de los expertos, los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea, sin embargo, emitieron un voto particular en contra: hablaban de “un riesgo para la plena independencia investigadora” de los profesores contratados, pues las figuras de funcionarios son “la garantía constitucional que comporta la libertad de cátedra”.
“La extensión de la estabilidad laboral reforzada para profesionales de la sanidad, enseñanza, servicios sociales, etcétera, sin tener la misma significación, sirve para que los que nos atienden en los servicios públicos personales, se alejen del ánimo de lucro y su motivación se cimente en la satisfacción por el trabajo bien hecho y por ayudar a los demás”, insiste José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. Y esa calidad beneficia sobre todo a los ciudadanos, añade.
“Yo soy funcionario”, dice el profesor universitario Oliva. “Y no encuentro ninguna razón objetiva por la que tenga que serlo; tampoco un médico. Solo tiene sentido con la judicatura o la inspección. En un país sensato, donde las plazas se consiguen por mérito, no es necesario. Lo que ocurre es que mucho me temo que pasará lo mismo que vivimos en el siglo XIX. Lo estamos viendo en Corporaciones locales, diputaciones... Y con los llamados asesores, que no son funcionarios, pero asesoran a un partido y cuando llega otro ya no valen. Este es el problema de verdad”, añade.
Muchos expertos recuerdan la máxima de cambiar las cosas hasta no encontrar una solución mejor. El profesor Santiago Lago recuerda a quien quiera poner en marcha algún otro sistema, que con el actual se están compensando unos sueldos relativamente bajos (comparados con el sector privado) con esa seguridad económica. Es decir, ¿se pagaría más si ya no fueran funcionarios? Y, si no se pagase más, ¿cómo se conseguiría competir con la empresa privada para atraer a buenos profesionales?
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Ataque a los funcionarios ‘vitalicios’
La calidad en el empleo conviene a todo tipo de trabajo, porque promueve la calidad de desempeño y la excelencia
José Ramón Repullo
10 DIC 2013
Estos argumentos desembocan en una receta general: el combinado palo-zanahoria (ración doble de lo primero que de lo segundo) para aumentar la productividad del trabajador. Lo importante no sería el talento sino la capacidad de sacar y cumplir con los objetivos marcados; el problema no sería de “inspiration” (inspiración para dirigir el barco) sino de “perspiration” (sudoración de los galeotes remando vigorosamente). Y la amenaza de despido actuando como castigo supremo que garantiza la supremacía de la jerarquía en la organización.
Pero la realidad afortunadamente da cabida a muchas y mejores versiones de nosotros mismos. La mayoría lo que quiere es una seguridad económica razonable, y… muchos otras cosas en la vida, incluida la reputación profesional, la relación cordial con los compañeros, la sensación de hacer las cosas bien, o la de servir a los demás. La nueva economía del comportamiento (desde el Nobel Kahneman al divulgador Ariely) está desvelando precisamente esta complejidad y riqueza de la naturaleza humana.
Se sabe que los cuerpos y escalas funcionariales son una creación histórica que busca maximizar la continuidad administrativa y la independencia del nivel político, aun cuando sea a costa de cierta erosión de la productividad. El acceso de los funcionarios por oposiciones garantiza una base de competencia, aunque también obra como ritual de iniciación. Los cuerpos tienen la virtud de atraer especialmente a individuos que quieren maximizar la seguridad y satisfacer la necesidad de pertenencia a un grupo; por eso serían malos emprendedores, pero también por lo mismo están mejor pertrechados contra las tentaciones de corrupción (que pone en riesgo su carrera y les expulsa del clan).
Como todo instrumento, la vinculación funcionarial encuentra su virtud en el uso pertinente y apropiado. Se debe reservar para funciones importantes que no deban estar bajo interferencia política-partidaria, y se debe combinar con estímulos que eviten mermas de la productividad y sesgos en la apropiación burocrática de las instituciones. De esto va buena parte del debate de “nuevo servicio público”. La mejor terapia contra las élites extractivas políticas es una función pública profesionalizada y con razonable autonomía.
Sin cuerpos funcionariales lo que habría sería contratos laborales que decidiría el poder político de turno. Imagínense una gestión cortesana de los puestos de administrativo, maestro, enfermera, juez, catedrático, médico, policía… y cesantías decimonónicas generalizadas tras los cambios electorales.
La calidad en el empleo conviene a todo tipo de trabajo, porque promueve la calidad de desempeño y la excelencia. La estabilidad reforzada de los funcionarios a quien de verdad interesa es a los ciudadanos, para que las decisiones colectivas sirvan al interés general. Y la extensión de la estabilidad laboral reforzada para profesionales de la sanidad, enseñanza, servicios sociales, etc. sin tener la misma significación, sirve para que los que nos atienden en los servicios públicos personales, se alejen del ánimo de lucro y su motivación se cimente en la satisfacción por el trabajo bien hecho y por ayudar a los demás. No nos dejemos engañar por el pensamiento trivial.
José Ramón Repullo es profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad
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10/12/2013
¡GRACIAS, SR. MONTORO!
http://www.youtube.com/watch?v=8k8DrUnutxc&feature=em-hot
http://www.elmundo.es/opinion/2013/11/19/528bcd1c0ab740640d8b456a.html?a=be3ee103aa37a2b54db9cc3c4a1730f7&t=1384994561
Un pacto obsceno para controlar el poder judicial
¿SE IMAGINA alguien que la canciller Angela Merkel se reuniera con Sigmar Gabriel, el jefe del SPD, para pactar la composición de los órganos de gobierno de la Justicia y el presidente del Tribunal Supremo? Sería sencillamente imposible, pero esto es lo que ha sucedido en nuestro país, donde Rajoy y Rubalcaba han negociado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).Ni siquiera se han molestado en guardar las formas. Han pactado las cuotas por partido, han designado los componentes del CGPJ en base a sus intereses políticos y se han puesto de acuerdo en el nombre del futuro presidente. En definitiva, se han repartido el órgano de gobierno de la Justicia como si fuera un consejo de administración.
No sorprende demasiado que el PSOE se haya comportado de esta manera porque siempre ha defendido que los miembros del CGPJ debían ser nombrados a dedo por los partidos. Pero el PP llevaba en su programa electoral la reforma del sistema para que los jueces eligieran directamente a sus 12 representantes. Este compromiso se ha incumplido y no cabe argumentar razones sobrevenidas o de carácter presupuestario. El PP ha optado por mantener el statu quo que le garantiza el control del aparato judicial a través de los nombramientos que realiza el CGPJ.
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Pedro TRAPIELLO – Arrejuntando
http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/arrejuntando_727954.htmlARREJUNTANDO
Tienen los pueblos de estas tierras leonesas una antigua soberanía conquistada medievalmente a base de cabezonería y fuero. Es la figura jurídica del concejo de vecinos y sus juntas vecinales como sujeto de derechos, órdenes y propiedades. Se le llama el concejo o el común de vecinos, una venerable rareza jurídica para la inmensa mayoría de pueblos de España que jamás soñaron esta mínima autonomía y, como tal, una figura patrimonial a defender, sin duda. Parece el caso. Un fuero tanto tiempo mantenido es una reliquia y un privilegio. Pero… ¿en todos los casos hay que defender a las juntas vecinales?…
Pintan las dudas.
Roncan las respuestas.
Si muchos ilustres ayuntamientos no tienen capacidad de administrar su funcionamiento y patrimonio dejando que las diputaciones les subgobiernen, ¿tendrán todas las juntas vecinales que ahora se defienden los medios y conocimientos para administrar correctamente su herencia de siglos?… y no hablemos de la honestidad en cuentas y gobiernos, porque sobre este asunto pesarán las sospechas como losas… ¿o acaso hay que pensar que por ser juntas vecinales no caben ahí la corrupción o el mangoneo político que campean en toda administración de la que salen cuartos, obras, licencias o arriendos?…
Además, buena parte de estos pueblos están despoblados o envejecidos; murió hace tiempo el número y el vigor del viejo corro concejil donde se discutían las cosas y se pencaba en hacenderas. Hay juntas vecinales hoy con menos patas que un banco cojo. Muchas se convocan con campana de madera. ¿Y no serán objeto de estafa o componenda algunas de ellas como lo fueron hace años aquellos pueblos maragatos que invertíeron toda la indemnización del campo de tiro en oro y se esfumó?… no es muy difícil embaucar a los pueblos enfermos o dejados… ni tampoco ver que hay dineros vecinales que no tienen cuenta propia porque están arrejuntados en la cuenta del presidente «para ahorrarse gastos bancarios»… la arrejunta vecinal también es figura histórica… en fin, óbrese con sentido y… «las juntas vecinales, para quien las trabaje y merezca».
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Roberto Esteban Fernández González
Son
ya de sobra conocidas, lamentablemente, las “formas” de esta Administración
autonómica para con sus empleados. En ese sentido, poco nos sorprende –aunque
nos indigna igualmente- la respuesta al tema planteado por esta Junta de
Personal el pasado día 20 de septiembre.
Ese
día esta Junta de Personal celebró una reunión en la que se solicitó
formalmente al Delegado Territorial una reducción horaria para todos los
Empleados Públicos, con motivo de la celebración de las fiestas patronales de
San Froilán, en la ciudad de León, toda vez que en otras provincias DE LA MISMA
COMUNIDAD AUTÓNOMA sí han autorizado dicha reducción.
A
la vista de lo que viene sucediendo, parece que por el simple hecho de ser
leoneses (o de trabajar en León), tengamos un estigma que impida ser tratados
en igualdad de condiciones que los Empleados Públicos de otras provincias.
Sabemos
que no es legal, strictu sensu, tal
exención horaria, sin embargo consideramos que después del enorme quebranto de
DERECHOS que –eso sí, de forma legal- hemos sufrido, sería un simple gesto de
buena voluntad y de reconocimiento por parte de la Administración autonómica a
la labor que desarrollan sus Trabajadores.
Vemos
que, ante la actuación implacable e inclemente de esta Administración, la
decepción, la desmoralización, la desilusión y hasta la desesperanza se
instalan día tras día en una plantilla de Empleados Públicos que ha sabido
estar a la altura de las circunstancias y muy por encima, en cualquier caso, de
sus dirigentes políticos.
Lamentamos
profundamente el rechazo a nuestra propuesta que no hace sino trasladar el
sentir que nos han hecho llegar gran parte de los compañeros a quienes
representamos.
Para
terminar, no podemos sino tributar a esta Junta de Castilla y León,
representada en León por el Delegado Territorial, las palabras que el pueblo
dedicó al Cid Campeador cuando fue desterrado por el rey Alfonso VI: ¡”Qué buen vasallo si hubiese buen señor!”
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All of me
http://www.pladepu.org/2013/09/all-of-me.html
Dicho así, cualquier trabajador de este país que tenga la suerte de tener empresa todavía, en estos momentos, podría suscribir tan derrotada pregunta, pero mi empresa es diferente.
Sí, soy funcionaria, y si por algo se caracteriza mi empresa es porque sus legítimos propietarios, los Ciudadanos, han elegido mal a sus mandos intermedios, los políticos, a quienes han entregado su dinero para que lleven a cabo la gestión de eso tan esencial y, al mismo tiempo, tan ambiguo denominado “lo público”.
Este error, imperdonable en la empresa privada, en la que no se les ocurre pasar por alto determinados asuntos turbios, equivocados o torticeros y siempre multimillonarios… ¡Qué fácil es disparar con balas ajenas! sin echar a la calle a tan inútiles gestores; en “la cosa pública” parece no sólo tolerable sino que puede pasar inadvertido para los legítimos dueños de lo público, insisto, los Ciudadanos, que sí pueden y deben actuar expulsando a esta purrela con criterios de la empresa privada, porque, además de habernos robado a manos llenas sin ningún tipo de pudor, al paso que vamos, nos pisarán la cabeza y les daremos las gracias.
Nos han hecho creer que lo público no es de nadie para apropiárselo Ellos y gestionar al servicio de intereses espurios el dinero de todos, y han llegado a hacerlo incluso con una arrogancia increíble. Pues no, lo público es de los Ciudadanos, mis legítimos jefes, que serán los que tengan que pedir explicaciones sobre la gestión y, por lo que me toca, tendré que explicar que tras más de veinte años de esfuerzo malogrado, ahora me dirijo a ellos para pedirles que tomen todo de mí y, sobre todo, que interioricen, de una vez, que lo público es suyo y exijan responsabilidades a quienes realmente las tienen.
Ya no reconozco la legitimidad de los “mandos intermedios”, que son legión y que se han encargado, en una estrategia sorda y prolongada en el tiempo, de separar a los Ciudadanos de quienes ejecutamos la gestión pública y de intentar (con éxito en la mayor parte de las ocasiones) sembrar las profundas raíces del desprestigio profesional, porque no les interesa, de ninguna manera, que la ciudadanía cambie el chip y les exija explicaciones a Ellos, a los intermedios.
Ni soy mejor ni peor trabajadora que nadie, sólo sé que cuando yo entré a formar parte de este tinglao de lo público lo hice medianamente bien formada, con gran ilusión (no por descarte) y con unas expectativas profesionales legales y plausibles que se fueron desmoronando poco a poco con el transcurso de los años por mérito de la hiperpolitización y de la partidocraria que se burlan de la sociedad señalándome como la culpable de tamaño desaguisado.
Pues las cosas, queridos Ciudadanos, no son así, la puritita verdad es que mientras ustedes pagaban religiosamente sus impuestos y, por ende, nuestra gestión, Ellos, los mandos intermedios, se dedicaban sutil y no tan sutilmente a desprestigiar mi humilde trabajo, a enfrentarme a ustedes, al mismo tiempo que se montaban un inmenso e incontrolable chiringo a base de mamandurrias infames (me encanta la palabra, Espe…) y a campear, cual elefantes por cacharrería, por lo nuestro, por lo público, como si sólo fuera suyo.
Por cierto…, modificar un contrato con cláusulas leoninas, y sin el consentimiento de la otra parte, ¿no es una estafa?, y la estafa… ¿no es un delito..?
Y desprestigiar con explícitos descalificativos el trabajo de otra persona ¿no es un concurso ideal de delitos en el que se concitan la calumnia y el delito contra el honor..? Porque sí, también existe el derecho al honor profesional.
En fin, estoy cansada y humillada, y espero pacientemente mi jubilación, que… ¡vete tú a saber cuándo..! para irme de hippie a Altea y llevar una apacible existencia vendiendo piedras en la puerta de la iglesia, sin confesar jamás que mi vida profesional, como funcionaria, fue un perfecto desastre; es más… no confesaré jamás que fui funcionaria.
Pero me están dando tiempo, y estoy pensando… ¿tiene jurisdicción penal algún tribunal internacional medianamente prestigioso? Mientras lo miro, queridísimos Jefes, Ciudadanos, sí, vosotros que me pagáis con vuestro dinero para que gestione lo público, vosotros sí tenéis derecho a tomar todo de mí.
| Baby, take all of me. | León, 11 de septiembre de 2013 |
| Una funcionaria cabreada y miembro activo de PLADEPU | |
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/31/actualidad/1377975112_767042.html
El dilema de actualizar el sueldo a los funcionarios
J. S. G.
Una de las decisiones más relevantes que tendrá que tomar el
Ejecutivo en los Presupuestos de 2014 es si congela el sueldo de los
funcionarios por cuarto año consecutivo. Desde que el Gobierno de
Zapatero les rebajara el sueldo un 5% en 2010, los empleados de la
Administración Pública acumulan recortes en sus salarios que les han
hecho perder cerca de un 25% de poder adquisitivo si se incluye la
supresión de la paga extra de 2012. Los empleados públicos llevan sin
ninguna actualización salarial por el IPC desde 2010.La partida destinada a pagar el sueldo de los 560.000 funcionarios de la Administración central es la segunda en importancia de los Presupuestos, con un coste de 33.000 millones. Entre los sindicatos de funcionarios temen que el Gobierno vuelva a congelarles la nómina el próximo año. La organización mayoritaria de empleados de la Administración central, CSIF, ya ha expresado sus temores sobre una nueva congelación y pide al Gobierno que no carge los recortes en este sector. Fuentes gubernamentales aseguran que no hay nada decidido e incluso ven margen para aplicar la subida del IPC, que estará cerca del 1,4% este año. De hacerlo, el coste en salarios crecería en unos 3.000 millones. La economía de la eurozona va mejor de lo previsto y no se descarta que en 2014 la actividad se anime más de lo previsto.
Lo que sí está claro es que se prorrogará la congelación de oferta pública. No habrá sustitución de los funcionarios que se jubilen excepto para algunos cuerpos del Estado como los de Seguridad, e Inspectores de Hacienda y la Seguridad Social, que se limita la tasa de reposición al 10%. Esta medida también afectará a todas las administraciones públicas, donde se han jubilado más de 30.000 funcionarios al año desde 2011. El Gobierno ha estimado que supondrá un ahorro de unos 3.200 millones.
En el último año se han perdido 220.000 puestos de trabajo en el sector público —375.000 en tres años—. Cifra que seguirá creciendo puesto que el proyecto de reforma de la administración incluye facilidades para despedir y ajustar plantillas. Los empleados públicos ya han visto como ya les ha eliminado los días de libre disposición, suprimido los moscosos y los canosos (por la antigüedad). También les han recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal.
Fernando JáureguiEl susanismo y otras malas prácticas.
MADRID, 6 Sep. (OTR/PRESS) -
He escuchado a algunos amigos andaluces,
varios de ellos colocados más bien en el lado ideológico de la
izquierda, hablar de 'susanismo'. Se refieren, claro, a la manera como
alguien tan completamente 'del aparato' como doña Susana Díaz ha sido
promovida por su antecesor nada menos que a la presidencia de la Junta,
tras una apariencia de elecciones primarias que no lo fueron. Es, a mi
juicio, un triunfo más de esa partitocracia que permite sobrevivir a
Javier Arenas en el PP, a Gaspar Zarrías en el PSOE o mantener el escaño
de diputado -por aquello del aforamiento- al ya ex directivo del PSC
José Zaragoza, presunto instigador del espionaje de Método 3 sobre
Alicia Sánchez Camacho. Una partitocracia que permite que el hijo de
Pujol siga sin ser molestado a pesar de tantas evidencias, o...
Es la hora de ensayar nuevas formas de gobernar a los españoles.
Ni trato privilegiado ante los tribunales para los aforados, ni
administrar silencios como si las explicaciones públicas no fueran
obligadas. Y menos aún seguir tratando a los ciudadanos -que son
contribuyentes y electores- como menores de edad a los que hay que
contar solamente lo que, por su bien, deban saber. Que Susana Díaz se
erija como presidenta de la Comunidad mayor de España podría resultar
impecable... si no fuera porque en su partido deberían darse elecciones
primarias antes de subir el peldaño, y aquí, gentes de la valía del
consejero Luis Planas han quedado en la cuneta por un quítame allá unos
avales. Nada tengo contra la neopresidenta, si no es su fama de 'killer'
en las estructuras del PSOE andaluz y su escasa preparación fuera de
esas estructuras partidarias, carencia que comparte, por cierto, con
tantos de sus 'colegas' en todo el espectro político. Creo que Andalucía
merece una representación algo más señera, y lo mismo diría yo de
algunas otras autonomías. ¿O se han acabado ya los políticos de poso y
peso, y hemos entrado definitivamente en la era del 'susanismo', del
'arenismo', del 'zaragocismo'? Pues que Dios nos pille confesados,
porque los que nos administran la penitencia son ellos, los arriba
citados.Leer más: Fernando Jáuregui.- El susanismo y otras malas prácticas.. europapress.es http://www.europapress.es/opinion/fernandojauregui/fernando-jauregui-susanismo-otras-malas-practicas-20130906120017.html#AqZ1Vf5cRn7DH7P5
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Integridad pública, venalidad privada
La corrupción española no afecta a los servicios públicos ni a los funcionarios
¿A qué se debe esta benévola imagen comparada de nuestro país, cuando según la prensa doméstica nuestra corrupción resulta desmesurada? La explicación es muy simple. La metodología usada por Transparencia Internacional recurre a encuestas que investigan sobre todo la práctica del soborno, que es relativamente frecuente en las sociedades emergentes o en los Estados fallidos, pero muy baja en nuestro país. Y para evitar ese sesgo que infravalora la corrupción española habría que distinguir dos clases de corruptelas distintas entre sí. Por una parte está la microcorrupción de los sobornos a empleados públicos, que en nuestro país son muy infrecuentes. Una excepción fue el caso Guateque, una trama de concesión de licencias exprés a locales comerciales que fue denunciada hace seis años en el Ayuntamiento de Madrid, con más de 100 imputados de los que 28 fueron finalmente procesados, siendo solo seis de ellos funcionarios o técnicos municipales.
Y luego está la macrocorrupción propiamente dicha, las tramas de cohecho con las autoridades públicas para la obtención de grandes contratos de obras y servicios, así como de infraestructuras urbanas. Es el caso de las redes clientelares como Gürtel o Filesa, así como todo el historial de cohechos revelado por la confesión de Bárcenas. Pero es preciso señalar que en esta corrupción a escala macro no intervienen los funcionarios, sino aquellos políticos de partido con capacidad para decidir (concejales, alcaldes, consejeros, ministros) y otros cargos de libre designación que forman parte de sus redes de confianza, así como por supuesto los empresarios corruptores y otros intermediarios especuladores o comisionistas. Y debe subrayarse que todos ellos, aunque ocupen cargos públicos electos, actúan en exclusiva defensa de intereses de parte, ya sea movidos por el afán de lucro que caracteriza a los intereses privados o por el afán de poder que caracteriza a los partidos políticos aunque digan defender el interés general.
Pero por extendida que esté, colonizando grandes áreas de las Administraciones públicas, esta macrocorrupción está muy localizada en las altas esferas del poder empresarial y político, sin que afecte para nada al grueso de los cuerpos de funcionarios y demás servidores públicos. De modo que, contra el estereotipo de PIGS con que nos descalifican los nórdicos, muy bien podría sostenerse justamente al contrario que España es un modelo de integridad pública, dado que la corrupción sólo contamina a las cúpulas de los partidos políticos y los grupos empresariales, siendo un coto privado de la casta dirigente y las hoy llamadas élites extractivas. Y así viene a corroborarlo el nuevo Barómetro Global de la Corrupción 2013 que acaba de hacer público Transparencia Internacional, que evalúa el impacto de la corrupción sobre diferentes sectores institucionales en una muestra de países seleccionados, entre los que figura España. Y de sus datos se deduce que la corrupción española, por comparación con nuestro entorno europeo, afecta sobre todo a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero no en absoluto a los servicios públicos (educación y sanidad) ni a los cuerpos de funcionarios, cuyas cifras de integridad o falta de corrupción son equiparables a las de los países nórdicos, con apreciable ventaja sobre Italia o incluso Francia.
En suma, lo que caracteriza a nuestros servidores públicos no es la corrupción, sino la moral cívica, que les hace anteponer la defensa de los derechos de los ciudadanos a los que prestan servicios por delante de sus propios intereses personales. Nuestros docentes, nuestro personal sanitario, los funcionarios de nuestras Administraciones públicas, no están en venta: ni se venden al mejor postor ni, por tanto, aceptan sobornos. En cambio, los ejecutivos financieros o los empresarios privados sí se venden al mejor postor, y los políticos de partido (o de sindicato) también están en venta, a juzgar por la muy elevada corrupción privada y partidista. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay en los intereses privados y partidistas que les permite caer en la corrupción? Sin duda lo hacen porque el fin justifica los medios: en el amor, como en la guerra, todo vale. El amor al poder y la riqueza, pero también la guerra comercial (es decir, la competencia de mercado) y la guerra política (es decir, la lucha por el poder). En la doble contabilidad de Bárcenas, los empresarios donantes se hacen corruptores para adquirir ventaja sobre sus competidores, y los políticos receptores se dejan corromper para adquirir mayor ventaja sobre los partidos rivales.
El problema es que en estos tiempos en que se nos impone por miedo a la crisis el neoliberalismo anglosajón (Escila) o el ordoliberalismo alemán (Caribdis), el imperativo categórico es la sacrosanta competitividad privada. Los neoliberales nos impulsan a privatizar lo público para ganar rentabilidad económica y los ordoliberales nos exigen ajustar el déficit público para ganar racionalidad administrativa. Pero en ambos casos el objetivo es el mismo: la competitividad. Es la nueva regla de oro que también se impone a los servicios públicos, obligados a competir en un mercado libre donde todo se compra y se vende al mejor postor, lo que en la práctica conduce a la corrupción por la vía de la venalidad. Es el destino al que parece conducirnos la liberalización de lo público, cuya moral cívica de servicio al público es sustituida y suplantada por la nueva moral lucrativa de servicio al cliente privado. El problema es que con ello se pueda perder también la integridad pública, en la medida en que parezca un coste deficitario. Pues ese y no otro es el dilema de nuestro tiempo: competitividad venal o integridad de oficio. Se aceptan apuestas.
Enrique Gil Calvo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
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PALABRAS, PALABRAS HERMOSAS, PALABRAS VACÍAS
julio 2, 2013 | 
Autor Texto escrito y leído por Laura Fernández Bermejopalabras, palabras hermosas, palabras vacías. Nos dice el rey que todos somos iguales ante la ley, pero su hija ni siquiera declara. Nos dice el PP que tenemos que trabajar más y ganar menos, pero ellos cobran más en sobresueldos durante unos pocos años que lo que todos los aquí presentes cobraremos juntos en toda nuestra vida. Nos dice Comisiones Obreras que defiende los intereses de la clase trabajadora pero firma el informe de Pensiones. No tiene importancia, nos dicen…. Lo firmado no vincula, no significa nada… La palabra no tiene importancia, no
significa
nada y ante esta desaparición de “la palabra” la clase trabajadora
quedamos indefensa, impotente, dividida, frustrada, huérfana,
abandonada, defraudada… Palabras falsas, palabras vacías, palabras
hermosas.No nos dejemos embaucar por palabras, analicemos hechos. Quien aparece ante la sociedad firmando en nombre de CCOO el informe de pensiones, no dimite, no es expulsado, no se le restringe el contrato. Se habla mucho, se escribe aún más para minimizar la traición del sindicato a la clase trabajadora. Pero, aunque hay que reconocer que la explicación del contrato en diferido del señor Bárcenas es inigualable, tampoco está nada mal con la que CCOO defiende al señor Miguel Ángel. Para que continué en el sindicato sólo existen tres respuestas posibles: o bien CCOO apoya la nueva reforma, o bien no se le puede expulsar pues podría destapar lo que debe seguir oculto, o bien CCOO carece de rumbo y de ideología. Sea lo que sea yo sólo tengo una respuesta, no de palabra, pues la palabra carece de valor, sino de hechos. Sino es expulsado, restringido su contrato y si CCOO firma el más mínimo acuerdo con el Gobierno, yo me desafiliaré de comisiones obreras, yo dimitiré como delegada sindical. Repartíos vosotros el pastel, sed vosotros cómplices de este atropello a la clase trabajadora.
Hago mis cuentas y si tengo suerte perderé el día que me jubile un 25% de mi pensión con la nueva ley, pero ya perdí un 7% por la bajada de mi salario, ya no me puedo jubilar a los 65 años, ya no cobraré el 100% de mi pensión pues no cotizaré lo suficiente tras las dos últimas reformas de pensiones apoyadas por el sindicato. Y yo soy una afortunada al día de hoy. Porque ¿qué pensión les va a quedar a los 6 millones de parados, de los cuales más de 4.700.000 no cotizan? ¿qué pensión a los millones que trabajan a tiempo parcial? ¿A los mayores de 55 años que no cobrarán el subsidio? ¿A los “privilegiados” perceptores de mayores de 55 años que les han bajado su base de cotización? ¿No es suficiente bajada de pensión el no cotizar, o cotizar tan poco?
Mentiras, mentiras, todo mentiras. Mentiras cuando nos hablan de la esperanza de vida. ¿Acaso no viven diez años más las clases más ricas que las más empobrecidas? ¿Acaso no están dejando los pensionistas con enfermedades crónicas de ir a por las recetas porque no tienen para adelantar su pago? ¿Acaso con la privatización de la sanidad no está bajando la esperanza de vida?
Es
muy fácil argumentar no apoyar al Gobierno en esta nueva reforma,
simplemente que hagan el cálculo de lo que nos hubiera quedado de
jubilación con las fórmulas y perspectivas de futuro de hace diez años y
que las actualicen con las fórmulas y perspectivas de trabajo y
cotizaciones actuales ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto vamos a perder sin
necesidad de nuevos recortes?.Podría dar muchísimas más argumentaciones, estudios existen de economistas y “sabios” a los que cualquiera tenemos acceso pero que no son escuchados ni por el Gobierno, ni por el Sindicato.
Las comisiones obreras nacieron de la organización de la clase trabajadora, el sindicato actual de comisiones obreras responde a otro esquema de subvenciones, de diálogo social, de pacto social, alejado de los intereses de la clase trabajadora. Con la firma que habéis hecho y que no dudo ratificaréis con pequeñas mejoras, vosotros mismos estáis cavando la tumba del sindicalismo. A la clase trabajadora no nos queda más remedio que redescubrir nuevas fórmulas de organización y de reivindicación. Os queda, nos queda, esta oportunidad, un NO rotundo al Gobierno en esta materia y la expulsión del sindicato de quien firmó algo tan vergonzoso. Hay que ser coherentes, hay que ser creíbles
No quiero palabras, no quiero justificaciones. Exijo hechos.
Laura Fernández Bermejo
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El cinismo no es una creación contemporánea.
Aquí
hay un ejemplo refinadísimo.
Diálogo entre Colbert y Mazarino
durante el reinado de Luís XIV de Francia, el ‘Rey Sol’
durante el reinado de Luís XIV de Francia, el ‘Rey Sol’
¡Hace cuatro siglos!
Diálogo entre Colbert y Mazarino
http://aleon.wordpress.com/2012/02/02/dialogo-entre-colbert-mazarino/Anda circulando por la red un diálogo excelente, atribuido a Mazarino y Colbert, acerca del estado y la gente. En realidad el diálogo es un extracto de una obra de teatro titulada “El diablo rojo” (le diable rouge) del dramaturgo francés Antoine Rault sobre la vida y las intrigas del cardenal Mazarino en la corte de Luis XIV, el “Rey Sol”.
La obra, una comedia, no fue escrita hace cuatro siglos, sino hace tan solo unos pocos años, y se estrenó en el 2008. Trata, naturalmente, sobre el cardenal Mazarino, y más concretamente sobre la última etapa de su vida. Es la época de los amores entre Luis XIV y María Mancini. Fue un gran éxito en Francia.
A pesar de que la leyenda urbana lo da por “bueno” y no por la ficción que es, creo que es de necesaria lectura e imprescindible reflexión:
Sea real o sea ficticio, el “diálogo” que supuestamente tuvo lugar hace casi 4 siglos, está hoy más vigente que nunca.Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que, engañar [al contribuyente] ya no es posible. Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar gastando cuando ya se está endeudado hasta al cuello…
Jean-Baptiste Colbert
Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas, se va a parar a la prisión. Pero el Estado…!! cuando se habla del Estado, eso ya es distinto!! No se puede mandar el Estado a prisión… Por tanto, el Estado puede continuar endeudándose. Todos los Estados lo hacen!
Colbert: Ah sí? Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero. Y cómo hemos de obtenerlo si ya creamos todos los impuestos imaginables?
Mazarino: Se crean otros.
Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.
Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.
Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?
Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.
Cardenal Mazarino
Colbert: Entonces cómo hemos de hacer?
Mazarino: Colbert, tú piensas como un queso de Gruyere o como el orinal de un enfermo!!. Hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres!! Son todos aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos…, cada vez más…, siempre más! A esos, cuanto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos¡¡. Son una reserva inagotable!!.
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Fragmento de Galdós 1912
En una antología de fragmentos de Galdós de la editorial Rey Lear,
titulada: *"La fe nacional y otros escritos sobre España"*, en la página
69, aparece el siguiente texto, *fechado en** 1912... *
"Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, paupérrima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos... Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria (...) No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos (...) La España que aspira a un cambio radical y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental".*
Ha pasado un *siglo*. Sobra cualquier otro comentario.
En una antología de fragmentos de Galdós de la editorial Rey Lear,
titulada: *"La fe nacional y otros escritos sobre España"*, en la página
69, aparece el siguiente texto, *fechado en** 1912... *
"Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, paupérrima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos... Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria (...) No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos (...) La España que aspira a un cambio radical y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental".*
Ha pasado un *siglo*. Sobra cualquier otro comentario.
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“Me siento un puñetero delincuente”
El apuñalamiento de un exdirector de sucursal en Valencia destapa la situación de los bancarios
Empleados de Novagalicia relatan el calvario oculto bajo el drama de las preferentes
En apenas un año,
la vida de muchos de los 4.500 empleados que aún conserva Nova
Galicia Banco, heredero de la fusión de las dos cajas de ahorros de
Galicia, ha cambiado de forma radical. Eran ciudadanos respetados y ahora viven
“perseguidos y amedrentados”, según el relato de uno de ellos. La presión de
los afectados por las preferentes, la convivencia con el drama de sus clientes,
con su ira y, en algunos casos, con su violencia, está resultando demasiado
dolorosa para la mayoría. Oculto tras el calvario de los estafados, crece
silencioso el de los trabajadores, principalmente directivos de sucursales, que
han tenido que coger a la familia y cambiar de aires, abandonar rutinas como
pasear por el pueblo o padecer las agresiones de los afectados.
La primera acción
violenta de la que se tiene constancia en Galicia, una de las comunidades más
afectadas por el drama de
las preferentes, se produjo antes incluso que el
apuñalamiento de un ex-empleado de banca, esta semana, en Valencia. Ocurrió
el pasado 19 de abril en A Estrada (Pontevedra). Ese día, Manuel Paradela,
antiguo subdirector de la oficina principal del pueblo y concejal en el
Ayuntamiento, caminaba por el estrecho callejón que da acceso a un aparcamiento
cuando se cruzó con alguien. Era un antiguo cliente, que le echó las manos al
cuello, lo sujetó en el aire y lo empujó contra la pared mientras profería todo
tipo de amenazas. Paradela ha retirado la denuncia después de recibir las
disculpas del agresor, pero también ha renunciado al acta de concejal, harto de
vivir con el foco sobre su persona. Todos los grupos de la Corporación condenaron
la agresión, pero el portavoz de la plataforma comarcal de afectados no se
amilanó. “No será la última”, amenazó.
“Para entender
bien la situación hay que tener en cuenta un dato: en Novagalicia Banco hay 700
trabajadores con preferentes o subordinadas, que tienen atrapados 70 millones
de euros”, precisa Julián Valiente, secretario del sindicato de banca de
Comisiones Obreras de Galicia. “No somos estafadores, sino la herramienta que
emplearon para enriquecerse unos señores que se han ido con unos blindajes
millonarios”, lamenta el trabajador de una sucursal. Otro precisa: “El timador es
quien ordenaba vender el producto mientras falseaba las cuentas de la entidad”.
“Y la mayor prueba de que no pretendimos engañar a nadie es que muchos tenemos
que hacer frente a la doble condición de preferentistas y víctimas de la
desesperación de quienes tienen sus ahorros atrapados”, añade.
Jorge, director de una pequeña sucursal rural en una de las comarcas más afectadas, ya no puede tomar el café donde solía. Es un nombre ficticio, porque el anonimato es una de las obsesiones de todos los que padecen la furia de quienes no pueden recuperar su dinero. “Vivo medio escondido: evito las zonas concurridas y las horas punta, en general esquivo cualquier situación donde me pueda encontrar a mis clientes. No puedo tomar el café donde lo he tomado toda la vida por miedo a lo que pueda pasar y de hecho pasa. He pasado de ser una persona bien vista en el pueblo a sentirme un puñetero delincuente”, relata Jorge.
Jorge, director de una pequeña sucursal rural en una de las comarcas más afectadas, ya no puede tomar el café donde solía. Es un nombre ficticio, porque el anonimato es una de las obsesiones de todos los que padecen la furia de quienes no pueden recuperar su dinero. “Vivo medio escondido: evito las zonas concurridas y las horas punta, en general esquivo cualquier situación donde me pueda encontrar a mis clientes. No puedo tomar el café donde lo he tomado toda la vida por miedo a lo que pueda pasar y de hecho pasa. He pasado de ser una persona bien vista en el pueblo a sentirme un puñetero delincuente”, relata Jorge.
En la zona de O
Morrazo, la dirección de Novagalicia ha cerrado la sucursal de Moaña ante el
constante acoso de los afectados, y las oficinas menores, disgregadas por las
parroquias, tienen que bajar la persiana varios días a la semana a causa de las
concentraciones esporádicas de afectados a sus puertas. Días atrás, los
empleados de la oficina principal de A Coruña estuvieron más de dos horas
atrapados por los preferentistas que bloquearon la salida. Otro tanto ocurre de
forma cotidiana en Vigo, Carballo, O Rosal, Salvaterra... Los sindicatos
carecen de datos, pero han constatado un incremento “brutal” de las bajas por
depresión. “Circula la broma de que el médico de la empresa reparte
ansiolíticos como si fueran caramelos”, comenta Valiente.
Los sindicatos carecen de datos, pero han constatado
un incremento “brutal” de las bajas por depresión
Manuel Paradela
no quiere que le hagan recordar la agresión ni el calvario que atraviesa desde
que tiene que convivir con el sufrimiento de sus exclientes. Solo apunta: “Con
algunos me puedo parar a explicarles que yo fui una herramienta del banco, que
el banco me utilizó, pero muchos otros ni siquiera preguntan, solo quieren
intimidar”. Otro directivo de sucursal, acostumbrado a correr por las calles de
su pueblo por prescripción médica, evitó las zonas concurridas para adentrarse
a hacer deporte en la montaña. La Guardia Civil le dio un consejo más serio que el
de los doctores: si quiere evitar sorpresas desagradables, no ponga un pie en
el monte.
Aunque, salvo el
caso de A Estrada, no hay noticias de agresiones, es otro tipo de violencia,
más soterrada, la que preocupa a los empleados. “Una trabajadora de la zona de
O Morrazo, por ejemplo, tuvo que cambiar a su hija de guardería por el acoso no
solo de los demás padres, sino de los propios niños”, relata un directivo de
sucursal. Un dato importante es que el grueso de preferentes y subordinadas se
vendió en pueblos pequeños, donde el contacto, la amistad e incluso los lazos
familiares entre los trabajadores del banco y los afectados son inevitables.
En Comisiones
Obreras conocen muchos más casos: un director de oficina que no se atreve a
salir a la calle, varios que han tenido que abandonar el pueblo, otros que
fueron rechazados por sus propias familias en las cenas de Navidad, cambios de
testamento... “La lista es interminable”, zanja el secretario de banca de CC
OO, que suma el estrés añadido de la inestabilidad laboral de una empresa
sometida a sucesivos ERE. Pero, precisa Valiente, el mayor peso al que tienen
que hacer frente no es la ira de los afectados, sino otro más difícil de
conciliar: “El complejo de culpa de quien ve arruinados a aquellos a los que
intentó ayudar”.
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ASÍ QUEREMOS VER A NUESTROS POLÍTICOS: ¡¡UNIDOS!! 
Domingo, 02 de junio de 2013
EL CHASCARRILLO /
Perder el tren
La decisión de Renfe de suprimir varias líneas de tren en la provincia de León ha dado la vuelta a la tortilla. Desde que comenzara la actual crisis, hemos comprobado que, aunque unos más recelosos que otros, los leoneses se echan a la calle para reivindicar lo que creen que es justo. Sin embargo, en el caso de los trenes no ha ocurrido lo mismo. En Ávila organizaron manifestaciones para protestar contra los recortes anunciados por Ana Pastor y finalmente consiguieron que Fomento mantuviera todas las líneas de tren. Sin embargo, y ojalá sirva de precedente, en León los primeros que ‘saltaron’ en defensa de los servicios ferroviarios fueron los políticos, que no sólo tuvieron la iniciativa sino que, además, se pusieron de acuerdo, algo que sí resulta insólita, con tal de que la provincia de León no pierda el tren de hoy y el de mañana.****************************************************************************************
Quebranto a las cuentas
GACETA DE
SALAMANCA - B.F.O./M.M. 31/05/2013
Durante
la presidencia de Fermoso se compraron acciones de Air Nostrum por 74,8 millones
y se invirtieron 20,5 millones en un complejo turístico caribeño
No solo los
créditos concedidos a los consejeros de Duero (en condiciones más ventajosas
que a otros ciudadanos) y las indemnizaciones millonarias a directivos la caja
fusionada están en tela de juicio. Hay múltiples operaciones del mandato de
Julio Fermoso, que fue presidente ejecutivo entre junio de 2004 y abril de 2009,
que se encuentran bajo sospecha. Las más llamativas son la compra de acciones
de Air Nostrum por 74,8 millones, la inversión de 20,5 millones en un complejo turístico
en la República Dominicana
y el gasto de 131,4 millones en cuatro edificios de relumbrón.
Fermoso se
embarcó en la compra de acciones de Air Nostrum en noviembre de 2006. Encontra
del criterio de los técnicos y del director general de la época, Lucas
Hernández, adquirió el 22% de las acciones de la filial regional de Iberia. La
compañía aérea entró en pérdidas en 2011.
Además, en
diciembre de 2007 Caja Duero informó que iba a destinar 20,5 millones a la
construcción en el Caribe de un complejo que requería una inversión global de
240 millones para edificar en varias fases 352 viviendas, 56 apartamentos y un
hotel. Con la propiedad repartida entre Cap Cana (50%), NH (25%) y Caja Duero
(25%), el proyecto turístico se asentaba en 500 metros de playas
privadas y en una extensión de 124.000 metros cuadrados.
A construir en varias fases, la primera de ellas ya ejecutada, se ubicaba junto
a uno de los tres campos
de golf que iba a diseñar Jack Nicklaus. Para esta operación Fermoso se asoció
con Ricardo Hazoury, un empresario dominicano que ha tenido dificultades
financieras y ha estado acusado de delito de fraude inmobiliario. Además,
durante la presidencia de Julio Fermoso se compró por 7 millones el Teatro Lope
de Vega de Valladolid, la salmantina Casa de María la Brava en 14 millones, el
edificio en la calle Marqués de Villamagna de Madrid por 90,8 millones y un
inmueble protegido en Valencia por 19,6 millones (que se restauró para ubicar
cinco oficinas de la Caja).
No les puede salir gratis
El paso
dado por la Fiscalía
de León, gracias a una denuncia de IU de Castilla y León, supone un avance
importante a la hora de depurar responsabilidades por la mala gestión de los
consejeros que finalmente han llevado a la ruina a Caja Duero.
La denuncia
del fiscal para que un juzgado los investigue servirá, al menos, para que
algunos personajes empiecen a entender que en los órganos de gobierno no se
sentaban solo y exclusivamente para cobrar dietas, repartir prebendas, cuando
no a otorgarse préstamos ventajosos con dudosas garantías de cobro o utilizar
la entidad para conseguir otro tipo de favores. Por mucho que la mayoría haya
pensado que las entidades de ahorro eran sus cortijos, sus frívolas y
provechosas decisiones tenían unas consecuencias.
Entre la prudencia y la avaricia
GACETA DE
SALAMANCA – 30/05/2013 Julian Ballestero
En el conflicto de las
preferentes y las subordinadas la responsabilidad no se limita a los vendedores
de productos financieros
La distancia
entre la prudencia y la avaricia se mide en pozos de amargura.
Y en
ocasiones el oro que más reluce esconde el dolor más profundo. Nada hay más
peligroso que una trampa disfrazada de oportunidad, de forma especial en todo
lo que se refiere al mundo de las finanzas. Muchos españoles han podido
comprobarlo con amargura en los últimos tiempos.
Uno de esos
episodios lacerantes ha ocurrido con las preferentes y bligaciones subordinadas
de Caja Duero y Caja España, cuyo desenlace ha hecho aflorar el hedor de
las entrañas de sus antiguos dirigentes, irresponsables y avariciosos, capaces
de amarrar sus poltronas con las sogas del sufrimiento de los clientes más fieles
y confiados de ambas entidades.
Catorce mil
afectados por el brutal recorte de los 400 millones que confiaron a Duero/España
claman justicia y algunos sienten incluso la tentación de tomársela por su
mano. Agresiones a los directores de las sucursales y asambleas convertidas en
conciertos de indignación pintan un panorama lleno de tensión.
Pero en el
conflicto desatado por la estafa diferida de las preferentes y las subordinadas
la responsabilidad no se limita a los vendedores de productos financieros, sino
que se eleva y cae en cascada desde las más altas instituciones del Estado a la
última oficina de la última caja.
En lo más
alto de esta pirámide de engaños figura el exgobernador el Banco de España, el
superjubilado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, culpable de autorizar e incluso
impulsar las operaciones diseñadas por las cajas para conseguir capital sano
con el que camuflar sus quiebras. Nadie en su sano juicio puede dudar de que
Mafo conocía el alcance de esta añagaza colosal, pero la apoyó igual que
impulsó fusiones condenadas al fracaso, como la de Duero y España.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con Julio Segura
al frente, dio el visto bueno a los folletos donde figuraban (ahí sí, y no en
las explicaciones recibidas por los preferentistas) las draconianas y
peligrosas condiciones de la emisión de los productos tóxicos para los inversores
y verdadero chollo para los banqueros.
Los entonces
presidentes de Caja Duero y Caja España, Julio Fermoso y Santos Llamas, tienen
una enorme vela en este entierro. Ambos promovieron lacampaña de
captación de fondos a sabiendas de que suponía sablear de manera inmisericorde
a lo más granado de la clientela de sus cajas. Ambos han escurrido el bulto a
la hora de defender su gestión y ambos disfrutan de un retiro dorado en el país
de los afortunados.
¿Y los
Consejos de Administración? Parece que sus miembros dormitaban como de
costumbre en 2004 y 2009, cuando fueron paridas las preferentes. Eso no les
exime de responsabilidad, como no les ahorra el pecado de haber apoyado los
créditos alucinantes (130 millones al Pocero), las compras sospechosamente engordadas
(María la Brava,
sede de Caja Duero en Marqués de Villa Magna) o la renovación de pólizas por
más de sesenta millones a Llamas, cuando todo apuntaba a que pasarían a
fallidos.
¿Los
directores y empleados de las sucursales conocían los pormenores del folleto
enviado a la CNMV
donde quedaba claro que se trataba de un “producto complejo, de
carácter perpetuo y de alto riesgo”? En su mayoría, no. De hecho, muchos
compraron preferentes e incluso embarcaron a sus familiares con destino a la
ruina.
Finalmente,
¿todos los preferentistas fueron engañados? Puede que la mayoría, pero también
hubo otros muchos avaricia antes que escuchar la voz de la prudencia.
Así
que cada
cual debe asumir su responsabilidad. Los afectados deben recurrir a la
justicia si se sintieron engañados por quienes les vendieron preferentes
y subordinadas
para recuperar su dinero, pero el resto de los españoles no deben pagar
por la
codicia y la imprudencia de unos pocos. Hay demasiados beneficiarios de
la
estafa con ingentes patrimonios que tienen preferencia... de la de
verdad.
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Viernes, 24 de mayo de 2013
REALIDAD SINDICAL /
Arturo Fernández Rodríguez /
Liberado
Desde esta columna de opinión, y después de siete días
‘distanciado’ de las responsabilidades sindicales, que durante más de siete
años y medio he venido ejerciendo, quiero expresar lo que realmente siento. El
hecho de no tener agenda a la vista ya supone un alivio al que me estoy
acostumbrando, se me hace extraño que no suene el teléfono con la frecuencia
que lo hacía, y hasta físicamente me siento aligerado.
Pero, sin duda lo que más he de notar será el poder disponer de fines de semana, para mí y mi familia, vacaciones y de un horario regulado. Ahora que lo pienso lo considero un lujo. Ni qué decir tiene que el cansancio psicológico, con la acumulación de tantos y tantos problemas laborales y sociales, que acucian a tantos colectivos supone la carga más pesada de un sindicalista con responsabilidades.
Es comentario frecuente, entre nosotros los sindicalistas, que exigimos en las empresas lo que nosotros no practicamos en el día a día, la conciliación de la vida laboral y familiar. Y es debido fundamentalmente a que después de la jornada laboral, dedicamos al sindicato de forma altruista, varias horas para poder atender las necesidades de información a los compañeros/as en los centros de trabajo.
Cuando se critica a las y los sindicalistas, la mayor parte de las veces se está cometiendo injusticia, porque la mayoría aporta su colaboración de forma gratuita y desinteresada, en beneficio de la sociedad a la que se debe; no hay que agradecer en demasía, pero no es de recibo, la crítica exacerbada.
Realmente ahora es cuando empiezo a sentirme liberado, después de tantos años de liberado sindical, por lo que desde aquí y a quien quiera valorar las acciones en sus justos términos, pido que cuando se hagan críticas, se cuiden de hacerlas con conocimiento de causa, “que seguro alguna habrá” pero el desánimo que puede causar en las personas, tiene un reflejo directo en la defensa de los derechos de los trabajadores/as.
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CyL / la conexión
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20130524/abci-borron-cuenta-nueva-201305240841.html
****************************************************************************************Pero, sin duda lo que más he de notar será el poder disponer de fines de semana, para mí y mi familia, vacaciones y de un horario regulado. Ahora que lo pienso lo considero un lujo. Ni qué decir tiene que el cansancio psicológico, con la acumulación de tantos y tantos problemas laborales y sociales, que acucian a tantos colectivos supone la carga más pesada de un sindicalista con responsabilidades.
Es comentario frecuente, entre nosotros los sindicalistas, que exigimos en las empresas lo que nosotros no practicamos en el día a día, la conciliación de la vida laboral y familiar. Y es debido fundamentalmente a que después de la jornada laboral, dedicamos al sindicato de forma altruista, varias horas para poder atender las necesidades de información a los compañeros/as en los centros de trabajo.
Cuando se critica a las y los sindicalistas, la mayor parte de las veces se está cometiendo injusticia, porque la mayoría aporta su colaboración de forma gratuita y desinteresada, en beneficio de la sociedad a la que se debe; no hay que agradecer en demasía, pero no es de recibo, la crítica exacerbada.
Realmente ahora es cuando empiezo a sentirme liberado, después de tantos años de liberado sindical, por lo que desde aquí y a quien quiera valorar las acciones en sus justos términos, pido que cuando se hagan críticas, se cuiden de hacerlas con conocimiento de causa, “que seguro alguna habrá” pero el desánimo que puede causar en las personas, tiene un reflejo directo en la defensa de los derechos de los trabajadores/as.
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CyL / la conexión
¿Borrón y cuenta nueva?
ABC.es 24/05/2013
Por enésima vez se ha preguntado en las Cortes de Castilla y León al presidente
de la Junta sobre su notorio fracaso en su proyecto de crear el
«músculo financiero» de la Comunidad con la suma de las seis cajas de
ahorro que en su día existieron. Y la respuesta siempre es la misma: hay
que pasar página, aunque asumimos los errores. Y ya está. ¿Cómo y
cuándo se asumen esos errores? ¿y de qué errores se hablan? La oposición
se contenta con estas frágiles explicaciones porque son presos de su
complicidad necesaria.
Ahí está, por ejemplo, el último capítulo del fracaso del
«músculo financiero»: Caja España-Duero (Banco Ceiss). Un proyecto que
aún pende de un hilo al borde del precipicio y nadie ha asumido ni una
sola responsabilidad por la gestión que ha llevado a la ruina a una de
las mejores cajas de ahorro del país. Los afectados por las preferentes
de Ceiss han acudido a la Junta a pedir ayuda. Y el consejero de
Economía les ha dicho que les comprende pero que no está en su mano
hacer nada salvo poner a su disposición las oficinas de consumidores
para que canalicen por ahí sus reclamaciones. Y nada más. Una palmadita
en la espalda, rostro de circunstancias y a la calle. Los tribunales son
su única esperanza.
Tribunales a los que también miran grupos de aún empleados
del Banco Ceiss, afectados por el ERE y que empiezan a organizarse.
Buscan documentación y testimonios para que la Justicia dirima
responsabilidades. Ahí está, por ejemplo, la gestión de las plusvalías
generadas por el polígono de La Lastra en León, el fracaso de Agelco, la
aprobación de créditos a miembros del Consejo, salidas multimillonarias
de altos directivos o contratos de servicios y de productos a
determinadas empresas. Y todo ello con el beneplácito de la Junta.
El personal de alta dirección de Banco Ceiss, diez personas, cobró 2,61 millones en 2012
El Norte
de Castilla - F. F. B. | VALLADOLID - 08.05.13
- 23:54
Ingresaron
de media cinco veces más que el promedio de la plantilla
El presidente del banco de Caja España-Duero (Ceiss), Evaristo
del Canto, y otros nueve directivos, que conforman el personal de alta
dirección de la entidad, cobraron el pasado año de forma conjunta algo más de
2,61 millones de euros. Los directivos incrementaron sus retribuciones
el 1,67% respecto al año precedente, cuando percibieron 2,57 millones de
euros, pese que en 2012 el banco arrojó unas pérdidas récord de 2.511
millones. Banco Ceiss también aportó otros 321 millones a los planes de
pensiones de esta decena de personas, según fuentes de la propia entidad.
Dietas
Además del presidente, que percibió otros 7.000 euros
en concepto de dietas y gastos de desplazamientos por asistir a las reuniones
del consejo de administración, el grupo está integrado por:
· Director general,
José María de la Vega
· Director
general adjunto de negocios, Francisco Javier Ajenjo
· Director
general adjunto financiero, Arturo Jiménez
· Director
de la división de desarrollo organizativo, Carlos Gutiérrez
· Director
de la división de negocio, Francisco Javier Santos
· Director
de la división de riesgos, Óscar Fernández
· Director
de la división de participadas, Buenaventura Garzón
· Director
de la división de secretaría general, Luis Miguel Antolín
·
Directora división de comunicación y relaciones
institucionales, María José Rivera.
Esta decena de nombres cobraron de promedio cinco
veces más que el salario medio, incluido el pago a la Seguridad Social del
conjunto de la plantilla. Al cierre de 2012 Banco Ceiss tenía 4.817
empleados, de los que 2.491 eran directivos y técnicos, 2.297 administrativos y
comerciales y 29 auxiliares. Sus salarios ascendieron de forma conjunta a
218,66 millones de euros, mientras que los pagos a la Seguridad Social se
situaron en 50,78 millones, con un descenso del 2,42% respecto a las
retribuciones que percibieron el año anterior.
Menos negocio
El balance consolidado del grupo cerró el pasado año
con un saldo de 37.891 millones de euros, después de registrar un descenso en
la cifra de negocio de 4.446 millones, que equivalen a una caída del 10,5%. El
balance individual de Banco Ceiss contabiliza un saldo de 38.223 millones, con
una disminución del 11,5%, respecto al cierre del año precedente. Los
resultados del ejercicio arrojaron unas pérdidas de 2.511,4 millones de euros,
cuando el año anterior la entidad había obtenido unos beneficios de 39,3
millones.
http://www.elnortedecastilla.es/20130509/economia/personal-alta-direccion-banco-201305091729.html
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LA DICTADURA DE LA CASTA.
CORRUPCION "LEGAL" DEL BOE (NACIONAL, AUTONOMICA,Y MUNICIPAL).
EXPOLIO DEL CIUDADANO" La Cultura , la Educación , la Sanidad , las clases altas, medias y bajas, expoliadas. Y el disparate administrativo-político-
Señor presidente. ¿Para qué sirven 390 senadores (con la brillantez media y la eficacia política media de un Iñaki Anasagasti, por ejemplo)?
¿Para qué sirven 350 diputados y 54 eurodiputados? ¿Nos apañaríamos peor de lo que estamos con la mitad? ¿Me lo dice en serio?
Subpregunta: si un concejal de Villacantos del Botijo, por ejemplo, necesita contratar a 15 asesores... ¿Para qué puñetas sirve ese concejal, aparte de para dar de comer a numerosos compadres y parientes?
¿Para qué sirven 1.206 parlamentarios autonómicos y 1.031 diputados provinciales? ¿Sabe usted lo que cobra toda esa gente? ¿Y lo que come?
Ese tinglado regional, repartido en diecisiete chiringuitos distintos, duplicados, nos cuesta al año 90.000 millones de euros. Con ahorrar sólo la mitad... Eche usted cuentas, señor presidente. Que yo soy de Letras.
En vista de eso, ¿cómo es posible que el Gobierno de este putiferio de sanguijuelas y sanguijuelos se la endiñe a las familias y no a ellos? Que en vez de sangrar a esa chusma, se le endiñe a la Dependencia , a la Sanidad , a la Educación , a la Cultura , al pequeño comercio? ¿A la gente que de verdad lucha y trabaja, en vez de a esa casta golfa, desvergonzada y manifiestamente incompetente? A ese negocio autonómico absurdo e insostenible, del que tanta gentuza lleva viviendo holgadamente desde hace más de treinta años. 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, embajadas propias, empresas, instituciones.
Negocios casi privados (o sin casi) con dinero público. El único consuelo es que a esa pandilla depredadora la hemos ido votando nosotros. No somos inocentes.
Son proyección y criaturas nuestras. Treinta años engordándolos con nuestras imbecilidad y abulia política. Cuando no con complicidad ciudadana directa: Valencia, Andalucía... Con unos tribunales de Justicia cuando no politizados o venales, a menudo lentos y abúlicos. El golfo, impune. Y el ciudadano, indefenso. Esos políticos de todo signo (hasta sindicalistas, rediós) puestos en cajas de ahorros para favorecer a partidos y amiguetes. Impunes, todos.
Me creeré a un presidente de Gobierno, sea del color que sea, cuando confiese públicamente que este Estado-disparate es insostenible. Cuando alguien diga, señor presidente, mirándonos a los ojos, “voy a luchar por un gran pacto de Estado con la oposición. Me voy a cargar esta barbaridad, racionalizándola, reduciéndola, controlándola, adecuándola a lo real y necesario. Voy a desmontarles el negocio a todos los que pueda. Y a los que no pueda, a limitárselo al máximo. A lo imprescindible.
Aquí hay dos autonomías históricas que tendrán algo más de cuartelillo, dentro de un orden. Y el resto, a mamarla a Parla. Y el que quiera entrar en política para servir al pueblo, que se lo pague de su bolsillo”.
Pero dudo que haga eso, señor presidente. Es tan prisionero de su propia chusma político-autonómica como el Psoe lo es de la suya. Ese toque de jacobinismo es ya imposible.
Tiene gracia. No paran de hablar de soberanía respecto a Europa quienes son incapaces de ejercerla en su propio país. Sobre sus políticos. Dicho en corto, señor presidente: NO HAY COJONES. Seguirán pagándolo los mismos, cada vez más, y seguirán disfrutándolo los de siempre. El negocio autonómico beneficia a demasiada gente.
Usted, señor presidente, como la oposición si gobernara, como cualquiera que lo haga en España, seguirá yendo a lo fácil. A cargar a una población triturada, con cinco millones de parados, lo que no se atreven a cargar sobre sus desvergonzados socios y compadres. Seguirá haciéndonos aun más pobres, menos sanos, menos educados. Hasta el ocio para olvidarlo y la cultura para soportarlo serán imposibles. Así que cuando lo pienso, a veces se me va la olla y me veo deseando una intervención exterior. Que le vayan a frau Merkel con derechos históricos, defensores del pueblo, inmersiones lingüísticas, embajadas y golferías autonómicas. De tanto reírse, le dará un ataque de hipo. De hippen, o como se diga allí.
Lo escribía el poeta Cavafis en “Esperando a los bárbaros”. Quizá los bárbaros traigan una solución, después de todo. Para esto, que nos invadan los bárbaros de una puta vez. Que todo se vaya al carajo y el Sentido Común reconozca a los suyos. Si quedan. Recristo. Qué a gusto me he quedado esta tarde, señor presidente".
"Yo sí llego a fin de mes. Pero hay demasiados que no llegan".
"Mi único partido político fiable es una biblioteca. Más gente debería votar por ellas".
"Pues fíjese que no creo que el problema sea de demasiados funcionarios. Lo creo más bien de clientelismo bajo cuerda".
"Todos esos compadres y amiguetes pasándose créditos, contratos y privilegios unos a otros al socaire del cargo o el escaño".
"No pretendo nada con esto, pero quedarse callado teniendo voz para blasfemar sí es una vileza. Por los que no tienen".
"Sería más cómodo estar callado y vender novelas. Pero entonces me daría mucha vergüenza cuando me preguntaran por qué me callo".
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http://www.ultimocero.com/blog/con-tinta-verde/ali-bab%C3%A1-y-los-48-consejeros
Ali Babá y los 48 consejeros
-
Geógrafo y ecologista
:: Lunes, 13 de Mayo de 2013 ::
Mientras cientos de miles de viviendas vacías aguardan un comprador, rémora de una época en la que construíamos tanto como Alemania, Francia y Reino Unido juntos, los banqueros españoles y europeos que han provocado la crisis con su calentón especulativo, lejos de ser procesados por el colosal desfalco, han decidido tomar directamente el poder: no hay mejor defensa que un buen ataque. Con los Goldman Dragui y Monti al frente del Banco Central Europeo y (hasta fechas recientes) del gobierno italiano, o el Lehman Guindos dirigiendo la economía española, los banqueros se aseguran políticas favorables para sus intereses.
Se trata de que los Estados no sólo no les pasen la cuenta de la fiesta, sino que además les reintegren las pérdidas ocasionadas por el reventón de la burbuja, aprovechando de paso para desregular el trabajo y arramblar con cualquier servicio público susceptible de ser convertido en negocio. Con el dinero de todas, Guindos convierte en deuda pública los agujeros contables de los bancos, al tiempo que Dragui les llena las billeteras para que presten al Gobierno al cinco o seis por ciento ¡Para que nos podamos hacer cargo de sus propias pérdidas! Entretanto, los bancos alemanes y su conseguidora Merkel recuperan sus inversiones en ladrillo. Ríanse de las estafas piramidales, éste sí que es el robo del siglo.
Entrampados en esta espiral de socialización de la deuda bancaria, y con las ganancias obtenidas de ésta y otras estafas como la energética a buen recaudo en SICAV o paraísos fiscales, no es de extrañar que no nos llegue para la sanidad, la educación ni los servicios sociales. Y encima nos llaman manirrotos, y nos reprochan el habernos acostumbrado al “gratis total” o al trabajo estable. Pero nada de esto habría sido posible sin la entrega de esa camarilla de politiquillos profesionales, deformados en las juventudes de los partidos y ascendidos entre intrigas y peloteos a las altas responsabilidades públicas que les aseguran el paraíso en la Tierra cuando quemen su cargo, que de capitalista bien nacido es ser agradecido.
Sin ir más lejos, aquí en la patria chica tenemos un ejemplo de manual o de juzgado de guardia, según se vea: el expolio de las Cajas, como lo llama el periodista Pedro Vicente. Al margen del crack de Caja Ávila y Caja Segovia en Bankia, ahí tenemos a Caja España-Caja Duero, el buque insignia del ahorro regional, hoy un banco privado quebrado en el que ya llevamos enterrados 1.600 millones de todas en “participaciones preferenciales” o bonos (que no acciones, no nos pasemos nacionalizando) del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 3.140 millones en activos “tóxicos” transferidos a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocido como el “banco malo” (¿lo hay bueno?); sin contar avales públicos y otras gabelas.
O sea, un pastón para poderle regalar a Unicaja la entidad limpia de polvo y paja (una vez se ventile el escándalo de las preferentes y con algunos cientos de trabajadores menos), tras un año en el que las antiguas Cajas de Ahorros han declarado 2.511 millones de pérdidas y el FROB les ha adjudicado un valor contable de -288 millones. Todo un éxito de gestión de Herrera, Villanueva, López y Villarrubia. Aunque siendo justos el principal mérito es de esos Consejos de Administración de diecisiete miembros por Caja que desde hace al menos una década no han parado de saquearlas con decisiones arbitrarias, clientelismos, dietas, créditos preferenciales, acceso a inmuebles de lujo o enchufes para parientes. Siempre bajo la atenta mirada de los catorce miembros de las respectivas Comisiones de Des-Control. Veamos.
Ahí tenemos por ejemplo a Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid, Vicepresidente de Caja Duero en los años de la burbuja, entre 1996 y 2008, y además ¡Presidente del Comité de Auditoría!. El ginecólogo que desde 2004 por sus certeras inversiones inmobiliarias (incluyendo un complejo turístico en la República Dominicana o un crédito de 135 millones al Pocero para su Nueva Seseña) percibió 142.000 euros en dietas por asistencia a reuniones, sin contar las recibidas por su participación de la mano de la Caja en otras sociedades como el Grupo de Negocios Duero, la Azucarera Ebro o el Banco EBN (entidad ésta última que le gratificó con 52.000 euros entre 2004 y 2011, a 1.100 eurillos por excursión a Madrid). El Alcalde León trincó también en condiciones envidiables un pisito de la Caja en la Plaza de Zorrilla de Valladolid, y un crédito preferencial para pagarlo. Los hay con suerte.
Algo menos se embolsó su compañero de partido, el Senador y ex-Alcalde de Salamanca Julián Lanzarote, Consejero de Caja Duero entre 1999 y 2008 y Vicepresidente de la Obra Social, que desde 2004 (no hay publicados datos anteriores) percibió 87.000 euros en dietas por acudir a reuniones, sin contar las recibidas de otras entidades del Grupo de cuyos Consejos formaba parte como Finanduero, Gestinduero o Grupo de Negocios Duero. Otra ex-Alcaldesa popular (de Soria) y ex-Eurodiputada, María Encarnación Redondo, “rascó” 115.000 euros en dietas entre 2004 y 2009 como Consejera de la Caja y Vicepresidenta de la Comisión de Inversiones (?). En el nivel de los 109.000 euros recibidos por el actual Consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en calidad de Consejero y Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva, además de Consejero de Duero Pensiones, Gestinduero, Duero Correduría y Grupo de Negocios Duero.
Algunos
de los consejeros y vocales que cobraron dietas por reuniones del
consejo de administración Caja España-Duero. Foto: C. ArranzLa lista es extensa, y alcanza a la Unión del Pueblo Leonés, los sindicatos ASAJA, CCOO y UGT, conocidos empresarios que aprovechaban también para obtener créditos preferenciales para sus negocios o un puñado de catedráticos universitarios que daban lustre y cobraban por ello. Citemos junto a sus botines al empresario salmantino Juan Antonio Martín Mesonero (152.000), el ex-Delegado del Gobierno Isaías García Monge (124.000), el Presidente del Numancia Fernando Rubio (119.000), el Secretario Regional de ASAJA José Antonio Turrado (81.000), el Presidente de la Diputación de Zamora Fernando Martínez (80.000), la senadora popular Ángeles Armisén (65.000), el Secretario Regional de la UGT Agustín Prieto (62.000), los concejales populares del Ayuntamiento de Valladolid Federico Sumillera (60.000) y Cristina Vidal (52.000) o el Alcalde socialista de Soria Carlos Mínguez (50.000).
Como las reuniones del conglomerado de empresas y comisiones de cada Caja frecuentemente se hacían coincidir en el mismo día, he aquí que por una jornada los Consejeros se embolsaban 1.500 ó 2.000 euros de una tacada, a 500 por reunión. Así que había tortas para ver quien entraba en cada Consejo de Administración. A la inversa, al suprimirse el cobro de dietas, desde junio de 2012 se ha producido una cascada de dimisiones (Isabel Carrasco, Juan Antonio Martín Mesonero, Agustín Prieto, Fernando Rubio, Vicente de la Peña, Santos Llamas…), lo que da una idea de la entrega al interés general de la pandilla.
En total, las percepciones por dietas de los cuarenta y ocho consejeros y vocales de las Cajas entre 2004 y 2011 ascienden a 12,6 millones de euros. No es que los 37 millones de euros que se llevaron en el mismo periodo los Ejecutivos de las entidades tuvieran justificación, a la vista de los resultados de su gestión, pero es justo reconocer por sus nombres a los brillantes saqueadores de Caja España-Caja Duero, con la complacencia de los capitostes del Gobierno y la oposición regional. A falta de procesamientos judiciales como en Bankia, al menos que se sientan abochornados. Acordémonos de estos padres de la patria ahora que se consuma el expolio de lo que pudo haber sido la gran banca pública regional, que tan bien nos vendría.
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Carlos Carnicero
Primero de mayo, sindicatos sin banderas.
MADRID, 29 Abr. (OTR/PRESS) -
No hay una ocasión que reúna más motivos
para un primero de mayo de unidad, contundencia masiva y demostración de
rechazo a las políticas económicas del Gobierno.
Sin embargo, hay algunos inconvenientes que podrían superarse,
pero requieren un ejercicio de generosidad, sobre todo por parte de los
sindicatos.Los sindicatos son, por su propia naturaleza, instituciones imprescindibles para la vida democrática. Su función básica es facilitar la organización de los trabajadores para la defensa de sus derechos y unificarlos, para dar eficacia a la negociación colectiva.
Como todo poder, sus instrumentos son el uso inteligente de la fuerza pacífica y democrática, como medidas legítimas de presión, frente a la tensión del capital. Son fuerzas contradictorias y confrontadas que necesitan la negociación para regular las relaciones laborables, conciliando intereses contradictorios. Y la búsqueda del equilibrio de lo posible necesita la tensión añadida de la utopía; requiere dos luces para conducir su actuación: luces cortas para el futuro inmediato y luces largas para el horizonte de un equilibrio democrático también en la distribución de la riqueza.
España está inmersa en una profunda crisis institucional. Sindicatos y partidos sufren una profunda desafección de los ciudadanos: no confían en ellos y creen que su aggiornamiento en un sistema burocrático ha profesionalizado sus funciones. Y la corrupción ha hecho estragos en la confianza de los ciudadanos.
No podemos prescindir de los sindicatos. Estos son nuestros sindicatos. Frente al descontento tenemos la obligación de practicar la crítica. Exigir las catarsis y las renovaciones adecuadas y, en caso de no conseguir su regeneración, crear organizaciones alternativas.
Utilizar el pretexto del descontento con los sindicatos para abstenerse de participar en los reclamos es una profunda estulticia. Los sindicatos están obligados a facilitar la movilización de los ciudadanos. Para ello, en primer lugar, tienen que dar un paso atrás en su visibilidad como organizaciones. Apostar por la unidad y por los objetivos; no ejercer protagonismo cediéndolo todo a los ciudadanos.
Este debiera ser un primero de mayo de victoria y unidad. Sin banderas ni símbolos de cada sindicato, con pancartas que reflejen la tragedia del paro. Con compromisos con quienes buscan y no tienen trabajo.
Solo haría una excepción con las organizaciones feministas. El feminismo necesita un acto de visibilidad en un momento en el que Alberto Ruiz Gallardón está a punto de consumar un golpe mortal a los derechos de las mujeres con la nueva y restrictiva ley de interrupción del embarazo.
Si hay una consigna única contra el paro; si los sindicatos, en un acto de humildad, pierden visibilidad organizativa; si manifiestan que han entendido el rechazo que sufren de muchos ciudadanos; si dan muestras de su voluntad de regeneración, este primero de mayo puede tener una movilización récord para demostrar al Gobierno que no tienen controlada la situación y que sus políticas socioeconómicas han fracaso y tienen que rectificar.
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INDECENTES, POR ARTURO PÉREZ REVERTE.
Me gustaría transmitirle al Gobierno pasado, al actual, y al que puede venir lo siguiente:
TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, erradicarlas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo.Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, Etc. y aun no les han abonado la nómina.
PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.
ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.
HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.
INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.
INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.
INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).
INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35/40 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.
INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.
INDECENTE, es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados)
INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.
INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).
INDECENTE, es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.
INDECENTE, No es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que NO se lo bajen.
INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.
INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.
Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los políticos se benefician de este moderno “derecho de pernada” mientras no se cambien las leyes que lo regula.
¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já. Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con “cara y ojos” para acabar con estos privilegios, y con otros. ¡¡¡ Haz que esto llegue al Congreso a través de tus amigos !!!
ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO, está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Autor: Arturo Pérez Reverte****************************************************************************************
La
Administración «B»
La Junta tiene y participa en más de 200 fundaciones y
entidades ajenas al control de las normas administrativas, de las que se
desconoce el número total de trabajadores, los gastos de personal y su deuda.
Fachada de la Fundación Casa de la India, donde se estrechan lazos culturales con el remoto país.
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- La Fundación de las Zonas Mineras tiene un agujero de diez millones de euros
Castilla y
León tiene un portal meteorológico que, aunque poco divulgado, lleva desde el
2008 contratado a una empresa afincada en Madrid, que se encarga de actualizar
los datos y mantener la web. El portal (meteorologia.jcyl.es) es un simple mapa
del tiempo con predicciones detalladas por provincias que se encuentra integrado
en la propia web de la Junta. Se da la circunstancia de que la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet), dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, tiene una plantilla de entre 60 y 70 personas
repartidas por todo el territorio de Castilla y León para realizar las mismas
predicciones a escala local. De hecho, la información aeroportuaria y las
alertas de Protección Civil no utilizan como fuente principal el portal
autonómico, sino que se canalizan a través del organismo estatal, según
explicaron fuentes del Centro Meteorológico Territorial. Son datos que se ceden
gratuitamente a todo el público. Por supuesto, también a las comunidades
autónomas, que «por cuestiones políticas» están gastando su dinero en portales
de este tipo para poner de manifiesto sus competencias en determinada materia,
interpretan desde el organismo estatal. La Junta paga por dar su propia
información del tiempo 20.828 euros cada año, dato facilitado por la Consejería
de la Presidencia.
Buenos
tiempos
El nacimiento
de duplicidades de este tipo se enmarca en un contexto de crecimiento
económico, cuando los recursos financieros parecían no tener límite y la
Administración autonómica creaba nuevos entes y servicios a un ritmo
vertiginoso. Durante los diez últimos años, se han llegado a constituir más de
medio centenar de entidades gestionadas totalmente por el Gobierno autonómico,
lo que representa un crecimiento del 90%, según el último inventario de la
Intervención General del Estado. Sin embargo, la Junta tiene mayor o menor
participación en otros 150 centros, agencias, fundaciones, comisiones,
consejos, clubes, observatorios y demás figuras administrativas creadas en la
mayor parte de los casos con el fin de «tener menos trabas burocráticas para
realizar las tareas encomendadas», señala literalmente el único informe crítico
realizado hasta la fecha sobre estos entes en Castilla y León, que fue
financiado por la confederación empresarial Cecale.
Empieza la
‘poda’
Actualmente,
la Junta de Castilla y León admite su participación en un centenar de entes,
según el informe que Pilar del Olmo ha entregado al Gobierno. Tiene el control
total de 38 y en 27 no puede actuar porque no tiene mayoría. Además, hay otra
treintena de entidades dependientes de las universidades. A finales del año
2011, el citado informe de Cecale aseguraba que el patrimonio neto de estas
fundaciones y entes públicos ascendía a 438 millones de euros y que su deuda
era 2,5 veces mayor (1.123 millones). El salario anual medio anual de los
trabajadores duplicaba entonces el de un trabajador medio de la comunidad
autónoma, de 19.683 euros al año. En conjunto, en ese momento recibían 104
millones de euros en subvenciones.
Pero la
Consejería de Hacienda ya ha iniciado la ‘poda’ en el sector empresarial público
y fundacional, como ha exigido el Gobierno. Ha aplicado fusiones, como la de
Excal en Ade o Sotur con la Fundación Siglo. También desaparecen otras, como
Appacale (asumida por el Itacyl), la Fundación Anclaje o la Fundación Centro
Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria. Y, finalmente, ha iniciado
la reordenación de otras muchas fundaciones. El objetivo de la consejera es
ahorrar 20 millones de euros.
Aunque no
parece suficiente. Ni para un amplio sector de los empleados públicos, ni
tampoco para la oposición política. La Plataforma en Defensa de lo Público,
integrada por trabajadores de la Administración, lleva meses reclamando
información sobre lo que ellos mismos denominan «sector público paralelo» o
«administración B». En opinión del portavoz, Quinidio Martínez, la desaparición
de líneas de trabajo «permite holgadamente» que todas las competencias,
funciones, servicios y trabajos encomendados o adscritos a todos estos entes se
realicen por los funcionarios, personal laboral fijo y estatuario de la Junta
de Castilla y León. En el escrito que una representación de los empleados
públicos ha presentado en el Procurador del Común hace poco más de un mes para
exigir la relación completa de entes y sus trabajadores, gastos y locales,
entre otros datos, se asevera: «Si cada día miles de ciudadanos son expulsados
por la pendiente del empobrecimiento, la duplicidad de este sector es un mal
gasto que raya con las figuras penales de la prevaricación, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, etcétera».
«Garrapatas»
Lo llaman
«empresas garrapata» porque, aunque la Junta las paga por prestar un servicio,
utilizan medios de la propia administración para desarrollarlo. Es otro de los
caballos de batalla del funcionariado. «La consecuencia de este sistema es que
a las empresas se las da competencias que deberían hacer empleados públicos»,
manifiesta Martínez, quien revela que en la Delegación Territorial operan de
esta manera Itacyl, que ocupa siete despachos para sus 14 empleados; Tragsatec,
ubicados en la quinta planta con personal en subvenciones a montes privados,
topografía, cartografía, restauración de la naturaleza y reservas nacionales de
caza; y Grupo Norte, dedicado a áreas competenciales de Fomento y Medio
Ambiente.
Desde luego,
no hay comparación posible entre la abundancia de este tipo de entes en la
Administración autonómica y el resto de instituciones, ya sea la provincial, la
local o la estatal. La Junta tiene el 85,5% de las fundaciones y empresas
públicas del total de Castilla y León. La Intervención General del Estado tiene
constancia de 40 entidades en la Diputación de León y 48 en los ayuntamientos
de la provincia, la mayor parte de ellas empresas públicas y consorcios.
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La opinión del lector
- Teresa Martínez Arias, Margarita de la Varga, Oliva Burón y Carmen Berjón. (sindicato STACyL) 23/02/2013
La caza al funcionario era una trampa para cazar a los trabajadores
Sí, tal y
como expresa el título de este artículo, ahora se ve que la orquestada campaña
de desprestigio que se ha llevado a cabo contra la figura del funcionario,
además de ser la excusa perfecta para la paulatina privatización, o como
eufemísticamente dicen nuestro políticos, externalización de los servicios
públicos, también ha servido para aleccionar a toda la sociedad y prepararla
para la supresión de sus derechos laborales.
Cuando en
julio del 2012 el Gobierno anunció la usurpación de la paga extra a los
empleados públicos, así como la eliminación de derechos laborales conseguidos
durante más de 30 años de negociación sindical, muchos palmeros se alegraron porque
ya la campaña de desprestigio hacia la Función Pública y sus servidores había
dado sus frutos. Por esa razón, no costó nada que de un plumazo se nos quitara
la extra y parte del salario. ¿Tenemos que recordar que en el año 1983 el IPC
fue del 12.222% y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Moscoso del
Prado se reunió con los sindicatos de funcionarios y pidió moderación puesto
que las arcas del Estado estaban pasando por una situación crítica y que
mostrando una vez más esa solidaridad que no se nos reconoce, los funcionarios
perdimos nivel salarial ese año y los siguientes, en los que la inflación era
del 12 y del 11%, soportando congelaciones o subidas de tan solo el 2 o 3%, y
que esa fue la razón, a modo de compensación por la que se firmaron los 6 días
de libre disposición? ¿Sabe la sociedad que ese acuerdo fue una estafa porque
el nivel adquisitivo perdido equivalía en todo caso a 19 días de trabajo, y no
a 6, aunque por supuesto nunca se pretendió conseguirlos, pero sí que se
tuviera en cuenta para futuros incrementos de sueldo que jamás fueron
compensados?
Los días
denominados popularmente, «canosos», son un tanto de lo mismo, compensaciones a
la antigüedad sobre un sueldo que no ha dejado de disminuir durante 30 años.
Moscosos y canosos eran una forma de salario, compensatorio de las reiteradas
congelaciones y bajadas de sueldo.
No estamos
ante una medida económica, sino política, una advertencia a toda la sociedad;
«mirad lo que hacemos con los funcionarios, veréis lo que hacemos con el
resto».
Para ahorrar
dinero suprimirían las diputaciones ni tendrían multitud de empresas públicas
que duplican las competencias de la Administración. No nos engañemos a los
políticos no les interesa funcionarios que realicen su trabajo con
imparcialidad, sino personas en situación de precariedad y por tanto
manipulables, para que se gestione lo público de acuerdo con sus intereses
particulares.
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El día que acabó la crisis
Cuando termine la recesión habremos perdido 30 años en derechos y salarios
CONCHA CABALLERO
18 ENE 2013 – 21:37 – EL PAIS Andalucía
OPINIÓN
Un buen día del año 2014 nos despertaremos y nos anunciarán que la crisis ha terminado. Correrán ríos de tinta escritos con nuestros dolores, celebrarán el fin de la pesadilla, nos harán creer que ha pasado el peligro aunque nos advertirán de que todavía hay síntomas de debilidad y que hay que ser muy prudentes para evitar recaídas. Conseguirán que respiremos aliviados, que celebremos el acontecimiento, que depongamos la actitud crítica contra los poderes y nos prometerán que, poco a poco, volverá la tranquilidad a nuestras vidas.
Un buen día del año 2014, la crisis habrá terminado oficialmente y se nos quedará cara de bobos agradecidos, nos reprocharán nuestra desconfianza, darán por buenas las políticas de ajuste y volverán a dar cuerda al carrusel de la economía. Por supuesto, la crisis ecológica, la crisis del reparto desigual, la crisis de la imposibilidad de crecimiento infinito permanecerá intacta pero esa amenaza nunca ha sido publicada ni difundida y los que de verdad dominan el mundo habrán puesto punto final a esta crisis estafa —mitad realidad, mitad ficción—, cuyo origen es difícil de descifrar pero cuyos objetivos han sido claros y contundentes: hacernos retroceder 30 años en derechos y en salarios.
Un buen día del año 2014, cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas; cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser el factor determinante del producto; cuando hayan arrodillado a todas las profesiones para que sus saberes quepan en una nómina escuálida; cuando hayan amaestrado a la juventud en el arte de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una reserva de millones de personas paradas dispuestas a ser polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación, entonces la crisis habrá terminado.
Un buen día del año 2014, cuando los alumnos se hacinen en las aulas y se haya conseguido expulsar del sistema educativo a un 30% de los estudiantes sin dejar rastro visible de la hazaña; cuando la salud se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado de salud se parezca al de nuestra cuenta bancaria; cuando nos cobren por cada servicio, por cada derecho, por cada prestación; cuando las pensiones sean tardías y rácanas, cuando nos convenzan de que necesitamos seguros privados para garantizar nuestras vidas, entonces se habrá acabado la crisis.
Un buen día del año 2014, cuando hayan conseguido una nivelación a la baja de toda la estructura social y todos —excepto la cúpula puesta cuidadosamente a salvo en cada sector—, pisemos los charcos de la escasez o sintamos el aliento del miedo en nuestra espalda; cuando nos hayamos cansado de confrontarnos unos con otros y se hayan roto todos los puentes de la solidaridad, entonces nos anunciarán que la crisis ha terminado.
Nunca en tan poco tiempo se habrá conseguido tanto. Tan solo cinco años le han bastado para reducir a cenizas derechos que tardaron siglos en conquistarse y extenderse. Una devastación tan brutal del paisaje social solo se había conseguido en Europa a través de la guerra. Aunque, bien pensado, también en este caso ha sido el enemigo el que ha dictado las normas, la duración de los combates, la estrategia a seguir y las condiciones del armisticio.
Por eso, no solo me preocupa cuándo saldremos de la crisis, sino cómo saldremos de ella. Su gran triunfo será no sólo hacernos más pobres y desiguales, sino también más cobardes y resignados ya que sin estos últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente han ganado entraría nuevamente en disputa.
De momento han dado marcha atrás al reloj de la historia y le han ganado 30 años a sus intereses. Ahora quedan los últimos retoques al nuevo marco social: un poco más de privatizaciones por aquí, un poco menos de gasto público por allá y voilà: su obra estará concluida. Cuando el calendario marque cualquier día del año 2014, pero nuestras vidas hayan retrocedido hasta finales de los años setenta, decretarán el fin de la crisis y escucharemos por la radio las últimas condiciones de nuestra rendición.
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Sábado, 19 de enero de 2013
EL CHASCARRILLO /
Indignados
Vaya. Parece que por fin los políticos también han comenzado a estar indignados. Los ciudadanos ya llevan tiempo en ese estado, pero los políticos no habían entrado en él hasta ahora. Indignación. Sí. Es lo que dicen que le ha provocado a varios responsables del PP saber que el que fuera su tesorero durante 20 años tenía 22 millones de euros en Suiza. Pero se trata de una indignación muy extraña. Es una indignación indolente, que no lleva a nada, que no supone la toma de medidas, que sólo se queda en eso aduciendo que “no me consta”. Pues mal. Porque puede que ese sea el deseo de las autoridades para la indignación ciudadana, que la gente se quede en casa, que no se le ocurra volver a ocupar las plazas. Pero la indignación política, si es real, debe de llevar a la acción. Porque, si no, ¿para qué están los políticos? Ha llegado el momento ineludible de barrer la casa.***************************************************************************************
CUARTO CRECIENTE
Partido X
Lo dice Imre
Kertész, superviviente del Holocausto y premio Nobel de Literatura en el año
2002. «Una crisis como la actual dio pie a la llegada de Hitler al poder.
Deberían sonar todas las alarmas y no están sonando». Y el Holocausto, recuerda
Kertész —que está convencido de que podría volver a suceder— «es el hundimiento
universal de todos los valores».
Lo que dice
el Nobel húngaro puede parecer exagerado. Pero es verdad que no hace falta irse
a Grecia, donde la extrema derecha ya ha convertido a los inmigrantes en
cabezas de turco de la crisis, para darse cuenta de que detrás del
desmantelamiento del Estado del Bienestar que estamos sufriendo en España —y de
la voladura controlada de sectores como el del carbón, o proyectos como el de
la Fundación Ciudad de la Energía, que nos tocan más de cerca— hay un desprecio
por algunos de los valores que sostienen nuestra convivencia.
Desprecio
por el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza. Como instrumento
para reducir desigualdades. Y como pilar de la solidaridad. La excusa es el
despilfarro. Pero en lugar de atajar la corrupción, el enchufismo, o las obras
con presupuestos disparatados, como en Villaquilambre, la respuesta a la crisis
que ofrece la misma clase política que nos ha metido en el barro es dejar sin
asistencia a los inmigrantes. Dejar sin urgencias a las zonas rurales —que se
lo digan a los habitantes de Tremor— privatizar hospitales, o servicios
sanitarios, y perpetuar la corrupción cuando de todo ello alguien saca tajada.
«Hay que
actuar rápido, si no van a saquearlo todo y nos van a dejar sin hospitales y
sin colegios», dice un anónimo portavoz del Partido X, la formación política
que ha nacido a la sombra del movimiento del 15-M y que como su propio nombre
indica es una auténtica incógnita. El Partido X propugna el derecho al voto
permanente y la transparencia en la gestión pública. No puedo estar más de
acuerdo. Pero pienso en Imre Kerstész, en el pozo en que cayó Europa en los
años de la Depresión y los fascismos. Y cruzo los dedos para que una apuesta
que todavía no tiene cara demuestre que de verdad hay alguien que está haciendo
sonar todas las alarmas.
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¿Muerte a los sindicatos?
A continuación se trascribe un
artículo del periodista Iñaki Gabilondo relativo al Sindicalismo, así como
hechos recientes que muestran las consecuencias que en ocasiones se derivan de
la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Añadiendo que,
sin masa crítica cualquier organización tiende a la oligarquía, podemos
evitarlo, participando.
Iñaki
Gabilondo.
Nueva moda.
Rajar de los sindicalistas. Algo fácil y barato, por cierto. Lo llevan en la
solapa ciertos políticos, lanzando mensajes subliminales sobre su actual falta
de utilidad para los trabajadores, politización, corrupción, derroche
económico. Resulta curioso: Los mismos que alientan al escarnio público, suelen
lanzar piedras cargadas por sus propias mezquindades.
Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos.
El problema es que esa frase por la que suspiran los gobernantes "Qué bien estaríamos sin sindicatos" empieza a calar entre la gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos que se resume en: "Para lo que hacen, mejor que no hagan nada", "Por mi los echaba a todos y los ponía a trabajar", "Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores". Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de: "Conozco a uno que está de liberado sindical.".
Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena, para utilizar como insulto la palabra "sindicalista".
Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en cualquiera de sus muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado provincial.) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin indemnización. Se puede, incluso, aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos distintos, para que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una moto a costa del Estado.
En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no sindicalista.
Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para que luego se firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga.
O de Luís, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias a la pre-jubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería.
Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar.
Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a los sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó en la puerta del colegio, los trabajadores que consiguieron que no les echaran de la RENAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su baja por maternidad en su supermercado. Porque también fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día en que despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como estipulan los convenios; y aquel otro joven que movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para procurarle una paga medio-decente, porque los usureros de hace 30 años no lo aseguraban en ningún trabajo. Para qué recordar las horas al teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores a los que no aprobaron, gritando e insultado porque en el examen no les contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compañero sindicalista, el que denunció a la constructora que se negaba a indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, que trabajaba sin casco.
Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad, o a un permiso por asuntos propios.
Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de manzanas porque una o dos están picadas, por muy sanas que estén el resto. Los precedentes televisivos: entrenadores de fútbol, famosos de la exclusiva en revistas, y demás subproductos, se convierten en clinex de usar y tirar dependiendo de las modas. Ahora, en un momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora.
¿Quién tirará la primera piedra?. ¿Serán los políticos gobernantes, o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia?. ¿Tendrán capacidad moral los jueces o los periodistas, de hablar de corrupción en las demás profesiones?. ¿Serán más idóneos para iniciar lapidaciones, los super-empresarios del ladrillo?. ¿En qué profesión se puede jurar que no existen vagos, corruptos, peseteros, o ladrones?. ¿Preguntamos mejor entre la Iglesia o la Monarquía.?.
Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la duda, y obtendrás fanatismo barato.
Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos!. Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones.
Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus mezquindades.
Iñaki Gabilondo.
Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos.
El problema es que esa frase por la que suspiran los gobernantes "Qué bien estaríamos sin sindicatos" empieza a calar entre la gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos que se resume en: "Para lo que hacen, mejor que no hagan nada", "Por mi los echaba a todos y los ponía a trabajar", "Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores". Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de: "Conozco a uno que está de liberado sindical.".
Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena, para utilizar como insulto la palabra "sindicalista".
Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en cualquiera de sus muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado provincial.) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin indemnización. Se puede, incluso, aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos distintos, para que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una moto a costa del Estado.
En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no sindicalista.
Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para que luego se firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga.
O de Luís, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias a la pre-jubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería.
Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar.
Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a los sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó en la puerta del colegio, los trabajadores que consiguieron que no les echaran de la RENAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su baja por maternidad en su supermercado. Porque también fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día en que despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como estipulan los convenios; y aquel otro joven que movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para procurarle una paga medio-decente, porque los usureros de hace 30 años no lo aseguraban en ningún trabajo. Para qué recordar las horas al teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores a los que no aprobaron, gritando e insultado porque en el examen no les contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compañero sindicalista, el que denunció a la constructora que se negaba a indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, que trabajaba sin casco.
Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad, o a un permiso por asuntos propios.
Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de manzanas porque una o dos están picadas, por muy sanas que estén el resto. Los precedentes televisivos: entrenadores de fútbol, famosos de la exclusiva en revistas, y demás subproductos, se convierten en clinex de usar y tirar dependiendo de las modas. Ahora, en un momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora.
¿Quién tirará la primera piedra?. ¿Serán los políticos gobernantes, o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia?. ¿Tendrán capacidad moral los jueces o los periodistas, de hablar de corrupción en las demás profesiones?. ¿Serán más idóneos para iniciar lapidaciones, los super-empresarios del ladrillo?. ¿En qué profesión se puede jurar que no existen vagos, corruptos, peseteros, o ladrones?. ¿Preguntamos mejor entre la Iglesia o la Monarquía.?.
Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la duda, y obtendrás fanatismo barato.
Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos!. Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones.
Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus mezquindades.
Iñaki Gabilondo.
http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/2012/11/muerte-a-los-sindicatos.html
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