Junta
de Personal Funcionario SS. TT. León
informa
Prensa, viernes 14-9-12
- El sábado, 15 de septiembre, NOS VEMOS EN MADRID.
Gran Marcha a Madrid que tendrá lugar el sábado 15 de
septiembre,
contra la política económica impuesta por un Gobierno que está llevando a
nuestro país a la ruina.
AUTOBUSES A MADRID
AUTOBUSES A MADRID
Introducción:
El
pasado mes de julio se constituyó en León la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales
de Empleadas y Empleados públicos de León, que está integrada por las
siguientes organizaciones y Órganos de Representación:
ACAIP, ANPE, AUGL, CCOO, CSIF, GESTHA, SATSE, Sindicato Libre de
Correos, STACYL, STAJ, STELE-STECYL, SUP, UGT, USAE, USO.
J.P. de Funcionarios Civiles del Estado, J.P.
SACYL Área León, C.E. Ayuntamiento de Ponferrada, C.E. Diputación, J.P.
Universidad, J.P. Diputación, C.E. SACYL, C.E. Ayuntamiento San Andrés del
Rabanedo, C. E. Educación JCyL, C.E. Ayuntamiento de Valverde de la Virgen,
J.P. Justicia, C.E. Resto de Consejerías JCyL, C.E. Sanidad y Familia e
Igualdad de Oportunidades JCyL, C.E. Ayuntamiento de León, C.E. C.T. ADIF, C.E.
Ayuntamiento de la Robla, J.P. AEAT, J.P. Docente No Universitario, J.P. SACYL
Área Bierzo, J.P. SSTT JCyL, Correos.
Siguiendo las consideraciones de las organizaciones que
integran esta misma Plataforma en el ámbito del estado y de la Comunidad de
Castilla y León, constituimos formalmente la Plataforma Sindical y de
Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos de León con el
objetivo de contestar, a través de la Acción Sindical y Asociativa conjunta, la
convocatoria de movilizaciones y cuantas medidas de presión se consideren
oportunas, a la brutal agresión que desde hace unos años venimos sufriendo por
parte de las distintas Administraciones en el ámbito Estatal y de la Comunidad
Autónoma y Administraciones Locales, que
se ha agravado con la promulgación del RDL 20/2012 de 13 de Julio con el que el
Gobierno no solo hace recaer el peso de la crisis sobre los empleadas y
empleados públicos, y con las medidas de marcado carácter anticonstitucional y
antisocial que anulan derechos reconocidos e invaden competencias de las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, dando con todo ello un auténtico
golpe de mano a la democracia.
Con esta lógica hemos venido llamando a las
movilizaciones en estas últimas semanas, fundamentalmente las concentraciones
de trabajadores y trabajadoras a las puertas de los centros de trabajo de las
distintas Administraciones Pública que se celebran todos los viernes a las 11
de la mañana. Movilizaciones que hemos decidido mantener e incrementar en los
próximos meses y que en las próximas semanas se verán incrementadas con
movilizaciones de tipo sectorial (Justicia, Administración Central, Educación,
Administraciones locales, Sanidad,….) todos los días de la semana.
Por último la Plataforma sindical y de Asociaciones
profesionales de Empleadas y Empleados públicos de León quiere trasladar
a la ciudadanía y al conjunto de personas que trabajan para las
Administraciones Públicas el siguiente:
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Como señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados
públicos estamos convencidos de que la crisis económica en la que España está
sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de manera deficiente
por los sucesivos responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto
público se está traduciendo en una política de recortes en el número de
efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y
sociales de los empleados públicos, y viene acompañada
de una campaña de descrédito de la labor que realizan en todos los ámbitos de
la administración.
Ante ello, las organizaciones
firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los colectivos
de la función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del
Estado, los servicios que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son
quienes hacen realidad las decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el
papel de los empleados públicos desacredita a servicios públicos esenciales
para la sociedad como los que se realizan en la educación, la sanidad, la
seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2.
Esta aplicación práctica de las decisiones políticas
ante la ciudadanía precisa de un personal cualificado. Los empleados públicos
españoles acceden a sus puestos de trabajo después de demostrar ampliamente su
cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de acuerdo con
los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3.
Los empleados públicos prestan a la sociedad un
servicio insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos
del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una sencilla
cuestión de rentabilidad económica.
4.
La estabilidad en el puesto de
trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia
del empleado público ante
la ejecución de las diversas políticas y asegura la calidad y permanencia de
las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para
reducir el déficit público que excluyan las políticas de recortes en la función
pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad,
capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema
tributario (art. 31 de la
Constitución), así como por la mejora sustancial del control
del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los
recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a
los empleados públicos.
Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de
realizar ajustes económicos y la contribución solidaria de todos para sacar a
nuestro país de la profunda crisis económica en que se encuentra, y observando
que no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se
centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro
sistema fiscal apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas de
nuestra sociedad, proponemos:
- La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de 38.500 millones de euros.
- La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones adicionales.
- La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los cinco mil millones de euros en España.
- La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para 2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
- La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro en el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con
relevancia mediática a hacer recaer sus críticas sobre las verdaderas causas
que han llevado a nuestro país a la situación de déficit, paro y deuda pública
en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben
las declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a
través de sus empleados públicos ni sobre el rendimiento profesional de éstos,
sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y no aportar soluciones.
Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes
de este manifiesto, conscientes de que no se puede devaluar la importancia de
la función pública ni del servicio que presta al conjunto de los ciudadanos, exigimos
a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los empleados
y servicios públicos.
