63 personas velan por la seguridad laboral de los trabajadores de la Junta en León
Los
recursos humanos para prevención de riesgos laborales suman 436
personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la
seguridad de los 84.327 empleados de la Junta en la Comunidad
Ical 07/11/2015 (12:39 horas)
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos
contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales
integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que
velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que
trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado
18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de
riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y
el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un
modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos
excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo
propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y
ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios
ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene
todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de
prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de
septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la
Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la
Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes
siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones
para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las
condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido,
el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la
posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales
mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean
públicas. Una condición que UGT ha considerado esencial para poder
apoyar un acuerdo en la materia. Además, los ugetistas entienden que los
recursos que presenta el plan que ha salido adelante son “ficticios”,
porque los servicios de prevención ajenos “no dedican recursos humanos
en exclusiva para la Junta”.
El secretario general de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos
López Inclán, explicó, por su parte, que su abstención fue un gesto “de
buena voluntad”, ante la asunción por parte de la Junta de varios de sus
planteamientos “de forma parcial” y del compromiso de que se negocie el
servicio público para las cuatro especialidades. Al respecto, indicó a
Ical que no les gustan muchos aspectos del plan actual, pero éste
debería tener “poca vida útil, poco recorrido, aunque “es el primero
tras la sentencia que anuló el que estaba vigente”, dijo.
Al
respecto, cabe recordar que en abril de 2012, el TSJ de Castilla y León
anuló el plan de prevención para la Administración General y Educación
(Sacyl tiene su propio servicio y planes) aprobado en 2010, tras un
recurso presentado por CCOO, por no atender al "ordenamiento jurídico"
al no ser propio de la Administración regional, carecer de personal para
su ejecución y no implicar a la estructura jerárquica de la empresa en
su desarrollo. En este sentido, un decreto (80/2013 de 26 de diciembre)
adaptó la Ley de Prevención; y una orden (HAC/708/2014, de 4 de agosto)
definió el modelo preventivo mixto que ahora se mantiene.
El
consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó,
durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento
para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la
Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7
millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener
el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus
cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de
los empleados públicos, en el que dos especialidades son públicas y
otras dos concertadas).
Órganos de prevención
El
plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos
Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las
especialidades. Además, en el mismo se integrará funcionalmente el
personal sanitario que presta servicio a los empleados públicos y no
está incluido en otro servicio de prevención. Asumirá las actividades
técnicas de higiene industrial y ergonomía y psicología, en los
servicios centrales de la Administración General y sus organismos
autónomos, excepto en el ámbito sanitario.
Asimismo, se regulan
los servicios de prevención de las delegaciones territoriales, con
dependencia funcional del Servicio de Coordinación y orgánica de la
propia delegación. Estos servicios, uno por provincia, integrarán
técnicos de prevención de nivel superior e intermedio y los empleados
públicos designados para tareas de prevención de riesgos laborales. En
cada una de las provincia se procederá a la concertación de las
especialidades de Seguridad y Medicina del Trabajo al no ser asumidas
con medios propios.
El documento expone que los empleados
públicos estarán coordinados por los técnicos superiores o intermedios.
La Administración procederá a su nombramiento previa comunicación al
Comité de Seguridad y Salud de su ámbito de actuación. En servicios
centrales deberá asignarse al menos un empleado público en cada
consejería y organismos autónomos; y en los periféricos, uno por cada
servicio territorial, dirección provincial de educación y gerencia
territorial o provincial.
Cada empleado público tendrá un tiempo
de dedicación a estas labores preventivas, que se fija en cuatro días al
mes en una consejería u organismo central o en servicio territorial o
equivalente, con 30 o más centros de trabajo. Además, se otorgan dos
días en la consejería u organismos autónomo de servicios centrales o
servicio territorial con menos de 30 centros de trabajo.
Por
último, los servicios de prevención de riesgos laborales de las
gerencias regional y de área de salud asumen todas las especialidades.
Distribución recursos
Las
tablas de recursos humanos indican que el mayor número de trabajadores
(propios y ajenos) en prevención se concentrará en Valladolid, 87;
seguida de León, 63; Burgos, 49; Palencia, 43; Soria, 42; Salamanca y
Zamora, 41 en ambos casos; Ávila, 36; y Segovia, 34.
Los recursos
previstos incluyen 111 técnicos superiores; 24 intermedios; y 15
básicos; 72 médicos; 66 ATS; y 148 empleados públicos. La Junta incluye
entre sus recursos 29 médicos; 25 ATS; 32 técnicos superiores; 20
intermedios y tres básicos, y 141 empleados públicos. Los servicios
ajenos aportan 43 médicos; 41 ATS; 79 técnicos superiores; cuatro
intermedios; 12 básicos; y siete empleados.
Ical 07/11/2015 (12:39 horas)
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos
contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales
integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que
velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que
trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado
18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de
riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y
el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas. Una condición que UGT ha considerado esencial para poder apoyar un acuerdo en la materia. Además, los ugetistas entienden que los recursos que presenta el plan que ha salido adelante son “ficticios”, porque los servicios de prevención ajenos “no dedican recursos humanos en exclusiva para la Junta”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos López Inclán, explicó, por su parte, que su abstención fue un gesto “de buena voluntad”, ante la asunción por parte de la Junta de varios de sus planteamientos “de forma parcial” y del compromiso de que se negocie el servicio público para las cuatro especialidades. Al respecto, indicó a Ical que no les gustan muchos aspectos del plan actual, pero éste debería tener “poca vida útil, poco recorrido, aunque “es el primero tras la sentencia que anuló el que estaba vigente”, dijo.
Al respecto, cabe recordar que en abril de 2012, el TSJ de Castilla y León anuló el plan de prevención para la Administración General y Educación (Sacyl tiene su propio servicio y planes) aprobado en 2010, tras un recurso presentado por CCOO, por no atender al "ordenamiento jurídico" al no ser propio de la Administración regional, carecer de personal para su ejecución y no implicar a la estructura jerárquica de la empresa en su desarrollo. En este sentido, un decreto (80/2013 de 26 de diciembre) adaptó la Ley de Prevención; y una orden (HAC/708/2014, de 4 de agosto) definió el modelo preventivo mixto que ahora se mantiene.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos, en el que dos especialidades son públicas y otras dos concertadas).
Órganos de prevención
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades. Además, en el mismo se integrará funcionalmente el personal sanitario que presta servicio a los empleados públicos y no está incluido en otro servicio de prevención. Asumirá las actividades técnicas de higiene industrial y ergonomía y psicología, en los servicios centrales de la Administración General y sus organismos autónomos, excepto en el ámbito sanitario.
Asimismo, se regulan los servicios de prevención de las delegaciones territoriales, con dependencia funcional del Servicio de Coordinación y orgánica de la propia delegación. Estos servicios, uno por provincia, integrarán técnicos de prevención de nivel superior e intermedio y los empleados públicos designados para tareas de prevención de riesgos laborales. En cada una de las provincia se procederá a la concertación de las especialidades de Seguridad y Medicina del Trabajo al no ser asumidas con medios propios.
El documento expone que los empleados públicos estarán coordinados por los técnicos superiores o intermedios. La Administración procederá a su nombramiento previa comunicación al Comité de Seguridad y Salud de su ámbito de actuación. En servicios centrales deberá asignarse al menos un empleado público en cada consejería y organismos autónomos; y en los periféricos, uno por cada servicio territorial, dirección provincial de educación y gerencia territorial o provincial.
Cada empleado público tendrá un tiempo de dedicación a estas labores preventivas, que se fija en cuatro días al mes en una consejería u organismo central o en servicio territorial o equivalente, con 30 o más centros de trabajo. Además, se otorgan dos días en la consejería u organismos autónomo de servicios centrales o servicio territorial con menos de 30 centros de trabajo.
Por último, los servicios de prevención de riesgos laborales de las gerencias regional y de área de salud asumen todas las especialidades.
Distribución recursos
Las tablas de recursos humanos indican que el mayor número de trabajadores (propios y ajenos) en prevención se concentrará en Valladolid, 87; seguida de León, 63; Burgos, 49; Palencia, 43; Soria, 42; Salamanca y Zamora, 41 en ambos casos; Ávila, 36; y Segovia, 34.
Los recursos previstos incluyen 111 técnicos superiores; 24 intermedios; y 15 básicos; 72 médicos; 66 ATS; y 148 empleados públicos. La Junta incluye entre sus recursos 29 médicos; 25 ATS; 32 técnicos superiores; 20 intermedios y tres básicos, y 141 empleados públicos. Los servicios ajenos aportan 43 médicos; 41 ATS; 79 técnicos superiores; cuatro intermedios; 12 básicos; y siete empleados.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas. Una condición que UGT ha considerado esencial para poder apoyar un acuerdo en la materia. Además, los ugetistas entienden que los recursos que presenta el plan que ha salido adelante son “ficticios”, porque los servicios de prevención ajenos “no dedican recursos humanos en exclusiva para la Junta”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos López Inclán, explicó, por su parte, que su abstención fue un gesto “de buena voluntad”, ante la asunción por parte de la Junta de varios de sus planteamientos “de forma parcial” y del compromiso de que se negocie el servicio público para las cuatro especialidades. Al respecto, indicó a Ical que no les gustan muchos aspectos del plan actual, pero éste debería tener “poca vida útil, poco recorrido, aunque “es el primero tras la sentencia que anuló el que estaba vigente”, dijo.
Al respecto, cabe recordar que en abril de 2012, el TSJ de Castilla y León anuló el plan de prevención para la Administración General y Educación (Sacyl tiene su propio servicio y planes) aprobado en 2010, tras un recurso presentado por CCOO, por no atender al "ordenamiento jurídico" al no ser propio de la Administración regional, carecer de personal para su ejecución y no implicar a la estructura jerárquica de la empresa en su desarrollo. En este sentido, un decreto (80/2013 de 26 de diciembre) adaptó la Ley de Prevención; y una orden (HAC/708/2014, de 4 de agosto) definió el modelo preventivo mixto que ahora se mantiene.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos, en el que dos especialidades son públicas y otras dos concertadas).
Órganos de prevención
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades. Además, en el mismo se integrará funcionalmente el personal sanitario que presta servicio a los empleados públicos y no está incluido en otro servicio de prevención. Asumirá las actividades técnicas de higiene industrial y ergonomía y psicología, en los servicios centrales de la Administración General y sus organismos autónomos, excepto en el ámbito sanitario.
Asimismo, se regulan los servicios de prevención de las delegaciones territoriales, con dependencia funcional del Servicio de Coordinación y orgánica de la propia delegación. Estos servicios, uno por provincia, integrarán técnicos de prevención de nivel superior e intermedio y los empleados públicos designados para tareas de prevención de riesgos laborales. En cada una de las provincia se procederá a la concertación de las especialidades de Seguridad y Medicina del Trabajo al no ser asumidas con medios propios.
El documento expone que los empleados públicos estarán coordinados por los técnicos superiores o intermedios. La Administración procederá a su nombramiento previa comunicación al Comité de Seguridad y Salud de su ámbito de actuación. En servicios centrales deberá asignarse al menos un empleado público en cada consejería y organismos autónomos; y en los periféricos, uno por cada servicio territorial, dirección provincial de educación y gerencia territorial o provincial.
Cada empleado público tendrá un tiempo de dedicación a estas labores preventivas, que se fija en cuatro días al mes en una consejería u organismo central o en servicio territorial o equivalente, con 30 o más centros de trabajo. Además, se otorgan dos días en la consejería u organismos autónomo de servicios centrales o servicio territorial con menos de 30 centros de trabajo.
Por último, los servicios de prevención de riesgos laborales de las gerencias regional y de área de salud asumen todas las especialidades.
Distribución recursos
Las tablas de recursos humanos indican que el mayor número de trabajadores (propios y ajenos) en prevención se concentrará en Valladolid, 87; seguida de León, 63; Burgos, 49; Palencia, 43; Soria, 42; Salamanca y Zamora, 41 en ambos casos; Ávila, 36; y Segovia, 34.
Los recursos previstos incluyen 111 técnicos superiores; 24 intermedios; y 15 básicos; 72 médicos; 66 ATS; y 148 empleados públicos. La Junta incluye entre sus recursos 29 médicos; 25 ATS; 32 técnicos superiores; 20 intermedios y tres básicos, y 141 empleados públicos. Los servicios ajenos aportan 43 médicos; 41 ATS; 79 técnicos superiores; cuatro intermedios; 12 básicos; y siete empleados.
Cerca de 450 personas velarán por la seguridad de los empleados de la Junta
El acuerdo sobre el servicio de prevención pasa el trámite del Consejo de la Función Pública.
La
Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos
contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales
integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que
velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que
trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado
18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de
riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y
el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos).
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos).
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario