viernes, 27 de noviembre de 2015


La Junta estudia "mejorar" la protección de funcionarios que denuncien corrupción

Rosa Valdeón afirma que se reunirán con todas las partes, reconoce que está en el programa electoral del PP y asegura que el “espíritu quedó claro ayer” en las Cortes
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La Junta de Castilla y León analizará con todas las partes alguna medida que pueda “mejorar” la protección de los empleados públicos que denuncien casos de corrupción, aunque advierte de que “no se trata de cubrir un vacío legal” porque esa seguridad legal existe, sino que se trata de “reforzarla”.


La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Rosa Valdeón, aportó ese argumento para responder, en la rueda de prensa posterior al Consejo, si se tomará alguna medida ante el rechazo ayer, con los votos del Grupo Popular en el pleno de las Cortes, de una proposición no de ley de Ciudadanos en la que pedía protección jurídica para empleados públicos que denuncien casos de corrupción.

“Cualquier funcionario tiene protección” en esos casos, reiteró Valdeón, como ya afirmó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) trasladó a los grupos de las Cortes un conjunto de 34 propuestas en materia de regeneración de la Administración Autonómica, donde recogen la figura del “whistleblowing” o “armazón legal” a la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas.

Valdeón habló de “reforzar” a los empleados públicos que denuncien esas prácticas, afirmó que se “verá como se puede hacer” y concluyó que se requiere tiempo para sentarse con las partes afectadas y analizar las leyes, como la de Función Pública, para determinar el encaje que pueda tener esa medida en el ordenamiento jurídico.

Sin precisar más detalles, manifestó que la Junta puede adoptar una medida en esa dirección, reconoció que se recoge en el programa electoral del PP de las elecciones autonómicas y locales y subrayó que su “espíritu quedó claro” por parte de su grupo en el debate de esa iniciativa de Ciudadanos en el pleno.

Valdeón señaló desconocer si esa medida puede ser una de las que se incluyan en el bloque de regeneración democrática que la Junta se comprometió a remitir a los grupos de las Cortes a través del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

Flexible o estricta

En relación a que la presidenta de las Cortes no aceptará reabrir el debate para llegar a un acuerdo sobre la PNL, como pidió Luis Fuentes (C's), solicitu a la que se sumó Carlos Fernández Carriedo (PP), Rosa Valdeón opinó que la titular del Parlamento ejercició su labor como consideró oportuno, aunque estimó que podía haber permitido una “flexibilidad” en la aplicación del Reglamento, que vio “estricta”.

No obstante, matizó que en ambos casos la elección es suya y no se habría “criticado”, ya hubiera sido más flexible, para permitir la intervención de los grupos una vez cerrado el debate -como mandata el Reglamento- en aras del acuerdo o seguir la fiel aplicación de la norma, algo que ayer fue censurado por Luis Fuentes.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Minuto de silencio en homenaje a las víctimas


Delegación de la Junta

Las concentraciones en respulsa por los atentados, que han tenido lugar en instituciones públicas y asociaciones, también han llegado a la Delegación de la Junta de Castilla y León en la capital.

Allí el personal de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas que ocurrieron el pasado viernes en la capital francesa.

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Leon-Se-Solidariza-Con-Paris-Y-Eleva-La-vigilancia-Estrateg-vn189540-vst256

domingo, 15 de noviembre de 2015

Judicialización de las gratificaciones extraordinarias (bufandas)

Se adjunta la nota de prensa y el Auto Judicial sobre los acuerdos adoptados en el pleno extraordinario de esta Junta de Personal de Servicios Centrales, sobre la inminente JUDICIALIZACIÓN DE LAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS (BUFANDAS) contra los Consejeros y Secretarios Generales.

- NOTA DE PRENSA

- AUTO GRATIFICACIONES

RESUMEN PLENO 30-10-15

La Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León  informa de los

ACUERDOS TOMADOS EN EL PLENO CELEBRADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2015  

 

domingo, 8 de noviembre de 2015

SERVICIO DE PREVENCIÓN

63 personas velan por la seguridad laboral de los trabajadores de la Junta en León
Los recursos humanos para prevención de riesgos laborales suman 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta en la Comunidad
Ical 07/11/2015 (12:39 horas)
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado 18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas. Una condición que UGT ha considerado esencial para poder apoyar un acuerdo en la materia. Además, los ugetistas entienden que los recursos que presenta el plan que ha salido adelante son “ficticios”, porque los servicios de prevención ajenos “no dedican recursos humanos en exclusiva para la Junta”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos López Inclán, explicó, por su parte, que su abstención fue un gesto “de buena voluntad”, ante la asunción por parte de la Junta de varios de sus planteamientos “de forma parcial” y del compromiso de que se negocie el servicio público para las cuatro especialidades. Al respecto, indicó a Ical que no les gustan muchos aspectos del plan actual, pero éste debería tener “poca vida útil, poco recorrido, aunque “es el primero tras la sentencia que anuló el que estaba vigente”, dijo.

Al respecto, cabe recordar que en abril de 2012, el TSJ de Castilla y León anuló el plan de prevención para la Administración General y Educación (Sacyl tiene su propio servicio y planes) aprobado en 2010, tras un recurso presentado por CCOO, por no atender al "ordenamiento jurídico" al no ser propio de la Administración regional, carecer de personal para su ejecución y no implicar a la estructura jerárquica de la empresa en su desarrollo. En este sentido, un decreto (80/2013 de 26 de diciembre) adaptó la Ley de Prevención; y una orden (HAC/708/2014, de 4 de agosto) definió el modelo preventivo mixto que ahora se mantiene.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos, en el que dos especialidades son públicas y otras dos concertadas).
Órganos de prevención
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades. Además, en el mismo se integrará funcionalmente el personal sanitario que presta servicio a los empleados públicos y no está incluido en otro servicio de prevención. Asumirá las actividades técnicas de higiene industrial y ergonomía y psicología, en los servicios centrales de la Administración General y sus organismos autónomos, excepto en el ámbito sanitario.
Asimismo, se regulan los servicios de prevención de las delegaciones territoriales, con dependencia funcional del Servicio de Coordinación y orgánica de la propia delegación. Estos servicios, uno por provincia, integrarán técnicos de prevención de nivel superior e intermedio y los empleados públicos designados para tareas de prevención de riesgos laborales. En cada una de las provincia se procederá a la concertación de las especialidades de Seguridad y Medicina del Trabajo al no ser asumidas con medios propios.
El documento expone que los empleados públicos estarán coordinados por los técnicos superiores o intermedios. La Administración procederá a su nombramiento previa comunicación al Comité de Seguridad y Salud de su ámbito de actuación. En servicios centrales deberá asignarse al menos un empleado público en cada consejería y organismos autónomos; y en los periféricos, uno por cada servicio territorial, dirección provincial de educación y gerencia territorial o provincial.
Cada empleado público tendrá un tiempo de dedicación a estas labores preventivas, que se fija en cuatro días al mes en una consejería u organismo central o en servicio territorial o equivalente, con 30 o más centros de trabajo. Además, se otorgan dos días en la consejería u organismos autónomo de servicios centrales o servicio territorial con menos de 30 centros de trabajo.
Por último, los servicios de prevención de riesgos laborales de las gerencias regional y de área de salud asumen todas las especialidades.
Distribución recursos
Las tablas de recursos humanos indican que el mayor número de trabajadores (propios y ajenos) en prevención se concentrará en Valladolid, 87; seguida de León, 63; Burgos, 49; Palencia, 43; Soria, 42; Salamanca y Zamora, 41 en ambos casos; Ávila, 36; y Segovia, 34.
Los recursos previstos incluyen 111 técnicos superiores; 24 intermedios; y 15 básicos; 72 médicos; 66 ATS; y 148 empleados públicos. La Junta incluye entre sus recursos 29 médicos; 25 ATS; 32 técnicos superiores; 20 intermedios y tres básicos, y 141 empleados públicos. Los servicios ajenos aportan 43 médicos; 41 ATS; 79 técnicos superiores; cuatro intermedios; 12 básicos; y siete empleados.

Cerca de 450 personas velarán por la seguridad de los empleados de la Junta

El acuerdo sobre el servicio de prevención pasa el trámite del Consejo de la Función Pública. 

  • La seguridad laboral se verá incrementada. - MICHAEL REYNOLDS
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DL | VALLADOLID 08/11/2015
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado 18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos).
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades.