Denuncia presentada por los sindicatos contra responsables de la ADE junto al cartel de acceso a la Fiscalía.
Todos los sindicatos denuncian ante la Fiscalía los “dedazos” ilegales en la ADE
Apuntan delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos
últimoCero Valladolid
:: Viernes, 19 de Diciembre de 2014 ::
Todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León han presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía contra los responsables de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial (ADE) por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
Los sindicatos instan a la Fiscalía a que investigue los “dedazos” presuntamente ilegales que han supuesto el acceso a la citada agencia de 84 trabajadores (la plantilla global es de 184), de los cuales, además, “tan sólo 80 aprobaron los procesos convocados”, como ya adelantó últimoCero el pasado 9 de diciembre.
Las centrales sindicales entienden en su denuncia que “los trabajadores que han sido integrados en la nueva ADE (…) han sido nombrados presuntamente de manera ilegal”, ya que previamente no ha existido ni oferta de empleo público, ni convocatoria de oposición.
“Entendemos que, además de haberse generado unas asignaciones de puestos presuntamente nulas de pleno derecho, se podría estar incurriendo presuntamente en todos o algunos de los ilícitos penales contenidos en los artículos del Código Penal (404 prevaricación, 405 y 406 relativos al nombramiento ilegal), incluso en algunos casos que implican el ejercicio de autoridad y carácter oficial, que no han sido asignados a funcionarios, el de usurpación de funciones públicas contenido en el 402 del Código Penal”, se apunta textualmente en la denuncia a la que ha tenido acceso últimoCero (ver documento adjunto).http://www.
En la denuncia también se entiende que ha podido existir un presunto delito de malversación a la hora de integrar en la nueva ADE distintas empresas públicas y fundaciones “que se encontraban en situación de quiebra técnica” gracias a una decisión “que se aparta de lo previsto en la Ley” y “sustentada únicamente en mera voluntad de quien decide, pues esa empresa no desaparece, sino que se integra en la Administraciónasumiéndose con dinero público su difícil situación financiera y el personal y directivos que la condujeron a esa situación”.
En este apartado también se denuncia que el Consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha otorgado un poder para representar a la Comunidad en los juicios a una abogada (Pilar Manteca) en lugar de a un funcionario del cuerpo de letrados de la Junta.
La denuncia de los sindicatos también se hace eco del documento publicado el pasado 29 de noviembre por últimoCero en el que la Directora de la Agencia, sin ninguna obligación para hacerlo, ha decidido unilateralmente conceder una gratificación extraordinaria a los trabajadores consistente en una compensación de tiempo de descanso o dineraria, a elección del trabajador. “Entendemos que dicha decisión pudiera haber incurrido en presunta prevaricación”, se apunta en la denuncia.
Todos los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León proponen a la Fiscalía distintas diligencias a practicar como es la obtención de la relación de aprobados para cada una de las plazas convocadas, la relación global de trabajadores de la Agencia, así como el poder notarial otorgado por el consejero a la letrada que no es funcionara, además de todos los actos emitidos por los jefes enchufados que, según entienden, no pueden ocupar sus cargos por no pertenecer al cuerpo de funcionarios.
El PSOE aprieta y pide al Consejo de Cuentas que fiscalice el “centro de la corrupción en Castilla y León”: la Administración B
Vuelve a intentar que el PP de el visto bueno a un control al que se ha venido negando en los últimos años
últimoCero Valladolid
:: Sábado, 20 de Diciembre de 2014 ::
El PSOE ha vuelto a poner sobre la mesa una iniciativa para comprobar si las promesas de transparencia de las que presume la Junta, son ciertas.
Ha presentado 15 enmiendas al Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo
de Cuentas de Castilla y León para el ejercicio 2015 para que
se analicen las cuentas del que califican como “centro de la corrupción
en Castilla y León durante muchos años: la Administración B”.
En concreto, las enmiendas presentadas, que otros años han sido rechazadas por el rodillo parlamentariio del PP, plantean una fiscalización adicional sobre el conglomerado de empresas públicas, entes y fundaciones que engrosan esa “administración opaca que ha sido el centro de la corrupción durante muchos años en Castilla y León”. Los socialistas pretenden que el control se ejerza “tanto en la contratación de determinadas obras y servicios como en relación a los recursos humanos que han movido estas empresas públicas y fundaciones”.
Precisamente el jueves, los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta han presentado una denuncia ante la fiscalía para que se investigue este último punto, como ya avanzó últimoCero.
En el paquete de enmiendas que presentan los socialistas también se solicita la Fiscalización de todos los contratos realizados en las diputaciones provinciales, de León y Salamanca (años 2010- 2014). Ambas instituciones inmersas en escándalos derivados de la Operación Púnica (León) y la existencia de papeles que podrían demostrar la existencia de una financiación ilegal de las campañas electorales del PP salmantino.
Pero además, el PSOE regional persigue la fiscalización de contratos menores diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como la fiscalización de los contratos de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos y las contrataciones vinculadas a la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Se trata también de conocer el impacto de las dos tramas de corrupción existentes en Castilla y León : Operación Púnica y Caso Gürtell, así como el resultado de un análisis pormenorizado de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones a ADE e ITACyL, dos de los entes que conforman esa “administración B” y que los socialistas están convencidos son “centro de la corrupción de Castilla y León durante muchos años”, ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ana Redondo.
En concreto, las enmiendas presentadas, que otros años han sido rechazadas por el rodillo parlamentariio del PP, plantean una fiscalización adicional sobre el conglomerado de empresas públicas, entes y fundaciones que engrosan esa “administración opaca que ha sido el centro de la corrupción durante muchos años en Castilla y León”. Los socialistas pretenden que el control se ejerza “tanto en la contratación de determinadas obras y servicios como en relación a los recursos humanos que han movido estas empresas públicas y fundaciones”.
Precisamente el jueves, los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta han presentado una denuncia ante la fiscalía para que se investigue este último punto, como ya avanzó últimoCero.
En el paquete de enmiendas que presentan los socialistas también se solicita la Fiscalización de todos los contratos realizados en las diputaciones provinciales, de León y Salamanca (años 2010- 2014). Ambas instituciones inmersas en escándalos derivados de la Operación Púnica (León) y la existencia de papeles que podrían demostrar la existencia de una financiación ilegal de las campañas electorales del PP salmantino.
Pero además, el PSOE regional persigue la fiscalización de contratos menores diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como la fiscalización de los contratos de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos y las contrataciones vinculadas a la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Se trata también de conocer el impacto de las dos tramas de corrupción existentes en Castilla y León : Operación Púnica y Caso Gürtell, así como el resultado de un análisis pormenorizado de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones a ADE e ITACyL, dos de los entes que conforman esa “administración B” y que los socialistas están convencidos son “centro de la corrupción de Castilla y León durante muchos años”, ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ana Redondo.
JPS formaliza ante la Fiscalía la denuncia contra la Junta y la Agencia de Innovación por prevaricación y malversación
lainformacion.com
viernes, 19/12/14 - 11:02
La Junta de Personal de Servicios Centrales (JPS) de la Junta de Castilla y León ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra responsables de la Administración regional y de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)
La Junta de Personal de Servicios Centrales (JPS) de la Junta de Castilla y León ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra responsables de la Administración regional y de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
El órgano colegiado de representación sindical de los funcionarios de los servicios centrales de la Administración Autonómica adoptó esta decisión en su reunión plenaria celebrada el pasado día 3 de diciembre y entonces ya anunció que se daba un plazo de quince días para redactar, tramitar y presentar la oportuna denuncia, que cumplimentó este jueves en el registro de la Fiscalía vallisoletana, según informan a Europa Press fuentes de la JPS.
En concreto, se denuncia la contratación en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de trabajadores sin cumplir ninguno de los requisitos exigibles para el acceso al empleo público: sin oferta de empleo público, sin publicación oficial de la convocatoria y sin la realización de una oposición o concurso-oposición o concurso de traslados para funcionarios y/o laborales de la Administración o, en su caso, concurso abierto a otras administraciones públicas, con respeto de los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así como publicidad oficial de las convocatorias.
Y es que, tal y como sostienen los denunciantes, en el presente caso se sustituyen los procedimientos legalmente previstos por "la arbitraria voluntad de quien realiza la asignación, lo que define la presunta conducta prevaricadora".
La denuncia refiere igualmente la asignación de trabajadores a puestos de libre designación sin cumplir las condiciones de fijeza en el puesto, derivadas del acceso al mismo mediante un procedimiento reglado, que exige la normativa de función pública. "Es una conducta que presuntamente tiene cabida en tipo penal de nombramiento ilegal, permitiendo que determinados puestos de dicha Administración sean ocupados por quienes la Ley no permite que los ocupen".
También se denuncia la presunta usurpación de funciones públicas en puestos reservados con carácter exclusivo para su ejercicio funcionarial, así como la presunta malversación de fondos públicos derivada de la retribución a directivos, libres designaciones y otros empleados del ente público Agencia de Innovación, no por desempeñar sus puestos tras superar las pruebas legalmente previstas, sino por mera liberalidad de los denunciados sin que exista ninguna obligación legal para ello.
El escrito que obra ya en poder del departamento de Esther Pérez Jerez se alude asimismo a la presunta malversación derivada de la decisión de asumir el déficit de empresas altamente endeudadas y en situación de quiebra técnica, contraviniendo para ello la normativa mercantil y de patrimonio de las administraciones públicas, junto con la presunta malversación de recursos públicos y presunta prevaricación derivada de la concesión a los trabajadores de la Agencia de gratificaciones extraordinarias no previstas en la Ley, en forma de días de descanso o compensación económica a elección del trabajador, sin que exista ninguna obligación legal o sentencia que obligue a hacerlo, como se reconoce expresamente de la comunicación efectuada por la directora general de la agencia a todos sus empleados.
La Junta de Personal de Servicios Centrales (JPS) de la Junta de Castilla y León ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra responsables de la Administración regional y de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
El órgano colegiado de representación sindical de los funcionarios de los servicios centrales de la Administración Autonómica adoptó esta decisión en su reunión plenaria celebrada el pasado día 3 de diciembre y entonces ya anunció que se daba un plazo de quince días para redactar, tramitar y presentar la oportuna denuncia, que cumplimentó este jueves en el registro de la Fiscalía vallisoletana, según informan a Europa Press fuentes de la JPS.
En concreto, se denuncia la contratación en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de trabajadores sin cumplir ninguno de los requisitos exigibles para el acceso al empleo público: sin oferta de empleo público, sin publicación oficial de la convocatoria y sin la realización de una oposición o concurso-oposición o concurso de traslados para funcionarios y/o laborales de la Administración o, en su caso, concurso abierto a otras administraciones públicas, con respeto de los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así como publicidad oficial de las convocatorias.
Y es que, tal y como sostienen los denunciantes, en el presente caso se sustituyen los procedimientos legalmente previstos por "la arbitraria voluntad de quien realiza la asignación, lo que define la presunta conducta prevaricadora".
La denuncia refiere igualmente la asignación de trabajadores a puestos de libre designación sin cumplir las condiciones de fijeza en el puesto, derivadas del acceso al mismo mediante un procedimiento reglado, que exige la normativa de función pública. "Es una conducta que presuntamente tiene cabida en tipo penal de nombramiento ilegal, permitiendo que determinados puestos de dicha Administración sean ocupados por quienes la Ley no permite que los ocupen".
También se denuncia la presunta usurpación de funciones públicas en puestos reservados con carácter exclusivo para su ejercicio funcionarial, así como la presunta malversación de fondos públicos derivada de la retribución a directivos, libres designaciones y otros empleados del ente público Agencia de Innovación, no por desempeñar sus puestos tras superar las pruebas legalmente previstas, sino por mera liberalidad de los denunciados sin que exista ninguna obligación legal para ello.
El escrito que obra ya en poder del departamento de Esther Pérez Jerez se alude asimismo a la presunta malversación derivada de la decisión de asumir el déficit de empresas altamente endeudadas y en situación de quiebra técnica, contraviniendo para ello la normativa mercantil y de patrimonio de las administraciones públicas, junto con la presunta malversación de recursos públicos y presunta prevaricación derivada de la concesión a los trabajadores de la Agencia de gratificaciones extraordinarias no previstas en la Ley, en forma de días de descanso o compensación económica a elección del trabajador, sin que exista ninguna obligación legal o sentencia que obligue a hacerlo, como se reconoce expresamente de la comunicación efectuada por la directora general de la agencia a todos sus empleados.
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