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Afectará a policías, médicos, profesores, militares...
21/10/2014
Examen de productividad a los funcionarios cada año para calcular su sueldo
El Gobierno tiene un plan para valorar el rendimiento de dos millones de empleados públicos. Quedan excluidos los cargos de confianza
Los funcionarios tendrán que pasar un examen de productividad cada año que evalúe su rendimiento para determinar posteriormente una subida de su sueldo. Afectará a todos los sectores: policías, médicos, profesores, militares... Pero quedarán excluidos de esta prueba los cargos de confianza nombrados a dedo.
Funcionarios, en sus puestos de trabajo.
“Las subidas salariales sin más van en contra de la filosofía de desindexación que aprobó en su día el Gobierno por ley”, aseguró hace dos semanas el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en una entrevista con el diario Expansión.
El Gobierno abría así la puerta a negociar con los sindicatos que las futuras subidas salariales de los empleados públicos dejen de estar ligadas a la inflación y pasen a depender de otros componentes como la productividad y la competitividad.
Una de las conclusiones que contempla uno de esos documentos es realizar una prueba anual a todos los funcionarios que determine la parte variable de su sueldo. Un examen que, sin embargo, no se implantará esta legislatura puesto que se requiere una dura negociación con los sindicatos y una larga tramitación.
Se pretende implantar una evaluación del desempeño que premie “a quienes efectivamente trabajen más y sean más productivos”
El establecimiento de estos incentivos provocaría, igual que ocurre ya en la empresa privada, que dos funcionarios que están en el mismo puesto ganen cantidades diferentes en función de su rendimiento.
La idea es, además, que el examen no se realice de forma universal. Habrá modelos diferentes para cada uno de los sectores: Sanidad, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... Se tiene en cuenta que cada colectivo tiene sus propios objetivos y sistema de funcionamiento.
Hacienda planea que el responsable de cada departamento fije a principios de año unos objetivos comunes a toda la sección y otros individuales para cada trabajador en función de su nivel de responsabilidad.
Se tratará de parámetros concretos, medibles y orientados a resultados, que serán consensuados con los propios trabajadores antes de ser aprobados. Se plantea, por ejemplo, implantar programas informáticos de seguimiento que controlen el tiempo que tarda un funcionario en tramitar un expediente administrativo.
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/21/circulo-empresarios-funcionarios_n_6019156.html?utm_hp_ref=spain
El Círculo de Empresarios propone recortar entre 40.000 y 90.000 millones de euros del gasto público, además de pedir que se pueda despedir a los funcionarios y que las prestaciones por desempleo estén ligadas a la aceptación de ofertas de empleo.
El Gobierno abría así la puerta a negociar con los sindicatos que las futuras subidas salariales de los empleados públicos dejen de estar ligadas a la inflación y pasen a depender de otros componentes como la productividad y la competitividad.
Examen anual a todos los funcionarios
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de los planes del Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, maneja ya un informe elaborado por expertos en Función Pública sobre este asunto.Una de las conclusiones que contempla uno de esos documentos es realizar una prueba anual a todos los funcionarios que determine la parte variable de su sueldo. Un examen que, sin embargo, no se implantará esta legislatura puesto que se requiere una dura negociación con los sindicatos y una larga tramitación.
Se pretende implantar una evaluación del desempeño que premie “a quienes efectivamente trabajen más y sean más productivos”
El establecimiento de estos incentivos provocaría, igual que ocurre ya en la empresa privada, que dos funcionarios que están en el mismo puesto ganen cantidades diferentes en función de su rendimiento.
Prueba específica para cada sector
Serán evaluados los casi 2,5 millones de funcionarios, lo que incluye a interinos y a personal laboral. Pero no está contemplado, en el borrador que maneja el Gobierno, que el personal eventual (cargos de confianza) sean sometidos por el momento a estas pruebas.La idea es, además, que el examen no se realice de forma universal. Habrá modelos diferentes para cada uno de los sectores: Sanidad, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... Se tiene en cuenta que cada colectivo tiene sus propios objetivos y sistema de funcionamiento.
Objetivos acordados con los empleados
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el Ejecutivo tiene también previsto cómo evitar la arbitrariedad en estos exámenes para convencer a los sindicatos de que no se trata de unas pruebas subjetivas.Hacienda planea que el responsable de cada departamento fije a principios de año unos objetivos comunes a toda la sección y otros individuales para cada trabajador en función de su nivel de responsabilidad.
Se tratará de parámetros concretos, medibles y orientados a resultados, que serán consensuados con los propios trabajadores antes de ser aprobados. Se plantea, por ejemplo, implantar programas informáticos de seguimiento que controlen el tiempo que tarda un funcionario en tramitar un expediente administrativo.
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/21/circulo-empresarios-funcionarios_n_6019156.html?utm_hp_ref=spain
El Círculo de Empresarios pide poder despedir a funcionarios y recortar hasta 90.000 millones
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El presidente del Comité de Presupuestos de la asociación empresarial, Manuel Pérez-Sala, lamentó este lunes la "escasa ambición" en el ajuste del gasto de los presupuestos generales del Estado para 2015, que mañana empiezan a tramitarse en el Congreso. "Todo indica que en 2015 se perderá el impulso reformista", asegura el Círculo, que critica que renunciar a verdaderos ajustes de gasto impide acometer una reducción de impuestos más profunda.
Por ello propone una reforma de las administraciones que reduzca su peso hasta estar comprendido entre el 35% y el 40% del PIB. Según sus cálculos, en la actualidad el peso del sector público es del 44%, y lo "sano" sería rebajarlo entre 9 y 4 puntos de PIB (entre 90.000 y 40.000 millones aproximadamente).
Además, el Círculo propone reformular el modelo de contratación, despido y remuneración de los empleados públicos, asimilándolo al sector privado. No obstante, antes de "hablar de despidos" entre los funcionarios o empleados públicos, para Pérez-Sala deberían contemplarse incentivos y reorganizaciones que fomenten la eficiencia.
Esta asociación considera "preocupante" la evolución del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población, y creen que el Fondo de Reserva podría desaparecer en 2019. Insisten en que debería iniciarse el debate sobre una "auténtica reforma estructural" del sistema y caminar hacia 'esquemas mixtos' en los que una parte sea pública y otra pueda ser la capitalización privada.
Además, recalcan la necesidad de profundizar en la reforma laboral y adoptar medidas específicas para reducir la temporalidad, eliminar la dualidad y aumentar la flexibilidad. A su juicio, deben además vincularse las prestaciones por desempleo a que se acepten ofertas de trabajo, o al fomento de la movilidad.
Por ello propone una reforma de las administraciones que reduzca su peso hasta estar comprendido entre el 35% y el 40% del PIB. Según sus cálculos, en la actualidad el peso del sector público es del 44%, y lo "sano" sería rebajarlo entre 9 y 4 puntos de PIB (entre 90.000 y 40.000 millones aproximadamente).
Además, el Círculo propone reformular el modelo de contratación, despido y remuneración de los empleados públicos, asimilándolo al sector privado. No obstante, antes de "hablar de despidos" entre los funcionarios o empleados públicos, para Pérez-Sala deberían contemplarse incentivos y reorganizaciones que fomenten la eficiencia.
Esta asociación considera "preocupante" la evolución del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población, y creen que el Fondo de Reserva podría desaparecer en 2019. Insisten en que debería iniciarse el debate sobre una "auténtica reforma estructural" del sistema y caminar hacia 'esquemas mixtos' en los que una parte sea pública y otra pueda ser la capitalización privada.
Además, recalcan la necesidad de profundizar en la reforma laboral y adoptar medidas específicas para reducir la temporalidad, eliminar la dualidad y aumentar la flexibilidad. A su juicio, deben además vincularse las prestaciones por desempleo a que se acepten ofertas de trabajo, o al fomento de la movilidad.
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