viernes, 4 de julio de 2014

DENUNCIA CONTRA EL PAGO DE "BUFANDAS"


COMUNIDAD 
Denuncian 'sobresueldos' que la Junta abona como si fueran gratificaciones
Los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE acuerdan por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el pago de las denominadas 'bufandas'
Ical       04/07/2014
La Junta de Personal de Servicios Centrales del Gobierno de Castilla y León ha denunciado ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el pago de supuestos "sobresueldos" a empleados públicos, bajo la fórmula de gratificaciones extraordinarias por tareas fuera de su horario de trabajo, las conocidas como 'bufandas'. La decisión, la primera que adoptan en vía judicial, fue tomada por unanimidad de las centrales sindicales CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE, según informaron hoy en un comunicado.
El presidente de la Junta de Personal, Marcial Barba, firma la denuncia que sostiene que distintas consejerías han repartido “sobresueldos” de forma “sistemática”, bajo la fórmula de gratificaciones extraordinarias, con una cuantía “fija” a un “selectivo” y “determinado” número de empleados sin que se cumpla el motivo legal que los justifique. En su opinión, los hechos vulneran la normativa vigente, con un “evidente perjuicio” para las arcas públicas.
Asimismo, el órgano de representación de los empleados públicos advierte en el texto de que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la administración pública. A su juicio, el “carácter continuado” y las cuantías hacen en su opinión “especialmente graves” los pagos por lo que pide la intervención inmediata de la Fiscalía con una investigación. Además, señala que la Junta deniega el acceso a la documentación con el pretexto de que se trata de información “secreta”.
Cabe recordar que en mayo Marcial Barba denunció en las Cortes en una comparecencia con un procurador del PSOE el pago de seis millones de euros “opacos” a unos 400 empleados públicos de confianza. La Junta respondió que la oposición socialista tardó un año en visitar las sedes administrativas para ver la documentación pedida sobre las gratificaciones y recordó que fue la Mesa de las Cortes quien sostuvo que estos datos eran secretos y no se podían facilitar.

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