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de 4.000 leoneses en León y Ponferada salen a la calle para denunciar
la situación de una provincia marcada por el paro, el empobrecimiento y
la migración juvenil
Por I.R.
| 10/03/2013 
Las manifestaciones,
convocadas por la Cumbre Social, que aglutina a 22 organizaciones, han
desafiado a la lluvia en ambas localidades.
Los sindicatos advierten: «Si la calle está agitada es un peligro para el Gobierno»
Más de 3.000 personas salen en León en protesta por las políticas de austeridad.
3.000 leoneses salen a la calle para exigir un giro a la política de recortes
La adversa climatología no fue un obstáculo para que los manifestantes alzaran su voz
MANIFESTACIÓN
JORNADA
REIVINDICATIVA
10 DE MARZO DE 2013
Salida 12h Plaza de Guzmán
En los últimos cuatro años, desde el comienzo de esta
profunda crisis económica, financiera, social y ambiental, los Empleados
Públicos han sufrido una espiral creciente de recortes. En este último año,
dichos recortes han alcanzado niveles alarmantes que afectan ya directamente a
la calidad de los Servicios Públicos que prestamos a la ciudadanía y por ende a
su calidad de vida y a sus derechos. Nuestro país, que disfrutó en las pasadas
décadas de un sistema de garantías sociales denominado Estado del Bienestar en
cuyo marco alcanzábamos niveles ejemplares de calidad en los Servicios Públicos,
se ve sometido hoy con el pretexto de la necesaria disminución del gasto
público a unos recortes sin precedentes y a un ataque indiscriminado a los
derechos de los Empleados Públicos, que tiene como consecuencia directa una
reducción de la diversidad, la calidad y la cantidad de los servicios públicos.
Esta situación nos está haciendo retroceder a las condiciones sociales de hace décadas
que nadie pensó volver a recordar.
El conflicto entre los Gobiernos -tanto el Central, como
los Autonómicos y Locales- y las Empleadas y Empleados Públicos, que son su
imagen ante la ciudadanía, es ya un conflicto de todos y todas. Todos los
Sectores Públicos padecen, en mayor
o menor medida, disminución de personal y por tanto de la calidad de su
prestación. El acceso a los Servicios Públicos más básicos comienza a ser
previo pago, lo que supone gravar económicamente a los ciudadanos en asuntos
tan esenciales y universales como la
Sanidad, la Educación, la Justicia y los Servicios Sociales.
Como símbolo tangible del desmantelamiento de estos servicios
esenciales, las Empleadas y Empleados Públicos estamos viendo recortadas
nuestras condiciones retributivas y laborales en una proporción que raya la
injusticia. Además, vemos cómo se cierra la oferta de empleo en nuestros
sectores. Para justificar el maltrato a los derechos adquiridos por este amplio
colectivo profesional, los políticos desprecian a la función misma que se
presta. Así estamos viendo que los “Empleados Públicos” se han convertido en un
ente desvalorizado, al que se critica sin razón alguna, sin fundamento y, lo
que es aun peor, sin consecuencias. Incluso se miente sin pudor al presentar cifras
desorbitadas sobre sueldos y condiciones laborales que en esencia son falsas y
están manipuladas, trasladando al colectivo de “Empleados Públicos” en su
conjunto las características y prebendas que corresponden a esa población
flotante de nóminas públicas nombradas a dedo, como excrecencias de la
política, que constituyen, ellas sí, uno de los más graves problemas de España.
La ciudadanía, sin embargo, sí distingue la realidad.
Sabe que los Empleados Públicos no son una panda de “vagos” como en muchas
ocasiones los definen algunos medios de comunicación y sectores privados
con intereses en el desmantelamiento de los Servicios Públicos, sino que está
formado por un amplio conjunto de profesionales bien capacitados y dedicados en
cuerpo y alma a su trabajo, como son el personal docente que garantiza el
derecho a la educación; los profesionales sanitarios que garantizan el derecho
a la salud; los y las profesionales que garantizan unos servicios sociales
necesarios y dignos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que
garantizan el derecho a andar tranquilos por la calle; el cuerpo de Correos que
garantiza la comunicación; los bomberos que garantizan la asistencia ante los
riesgos; los agentes forestales y otros profesionales que velan por la
protección de nuestro medio ambiente, los miembros de la administración de Justicia que garantizan ese derecho
fundamental, y en general los Empleados de la Administración General del
Estado, de las Autonomías, de los Ayuntamientos, y de tantas y tantas otras
Empresas Públicas y actividades, muchas de las cuales pasan inadvertidas, que
hacen que nuestra vida, sea un poco mejor… En pocas palabras, los servidores
públicos que garantizan a todos los derechos de todos.
Los ciudadanos saben que el recorte en las condiciones
retributivas y laborales de los Empleados Públicos simboliza y anticipa el recorte de las prestaciones y servicios a
los que tienen derecho. Por eso, desde esta Plataforma, que se suma a la
jornada reivindicativa organizada por la Cumbre Social del 10 de marzo,
animamos a todos los Empleados Públicos a mostrar de manera decidida su rechazo
a los recortes de derechos y condiciones laborales, entre ellos la pérdida de la
Paga Extraordinaria de Navidad y los días de devengo. Esta medida va mucho más
allá de un impacto inmediato en las nóminas; anuncia el empobrecimiento para
las clases medias, que puede traer la configuración social posterior a la
crisis.
También animamos a todos
los ciudadanos y ciudadanas que son los verdaderos usuarios de los Servicios Públicos,
a secundar las movilizaciones que planteamos en defensa de los mismos. En
defensa, en suma, de la propia sociedad.
