domingo, 8 de noviembre de 2015

SERVICIO DE PREVENCIÓN

63 personas velan por la seguridad laboral de los trabajadores de la Junta en León
Los recursos humanos para prevención de riesgos laborales suman 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta en la Comunidad
Ical 07/11/2015 (12:39 horas)
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado 18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas. Una condición que UGT ha considerado esencial para poder apoyar un acuerdo en la materia. Además, los ugetistas entienden que los recursos que presenta el plan que ha salido adelante son “ficticios”, porque los servicios de prevención ajenos “no dedican recursos humanos en exclusiva para la Junta”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos López Inclán, explicó, por su parte, que su abstención fue un gesto “de buena voluntad”, ante la asunción por parte de la Junta de varios de sus planteamientos “de forma parcial” y del compromiso de que se negocie el servicio público para las cuatro especialidades. Al respecto, indicó a Ical que no les gustan muchos aspectos del plan actual, pero éste debería tener “poca vida útil, poco recorrido, aunque “es el primero tras la sentencia que anuló el que estaba vigente”, dijo.

Al respecto, cabe recordar que en abril de 2012, el TSJ de Castilla y León anuló el plan de prevención para la Administración General y Educación (Sacyl tiene su propio servicio y planes) aprobado en 2010, tras un recurso presentado por CCOO, por no atender al "ordenamiento jurídico" al no ser propio de la Administración regional, carecer de personal para su ejecución y no implicar a la estructura jerárquica de la empresa en su desarrollo. En este sentido, un decreto (80/2013 de 26 de diciembre) adaptó la Ley de Prevención; y una orden (HAC/708/2014, de 4 de agosto) definió el modelo preventivo mixto que ahora se mantiene.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos, en el que dos especialidades son públicas y otras dos concertadas).
Órganos de prevención
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades. Además, en el mismo se integrará funcionalmente el personal sanitario que presta servicio a los empleados públicos y no está incluido en otro servicio de prevención. Asumirá las actividades técnicas de higiene industrial y ergonomía y psicología, en los servicios centrales de la Administración General y sus organismos autónomos, excepto en el ámbito sanitario.
Asimismo, se regulan los servicios de prevención de las delegaciones territoriales, con dependencia funcional del Servicio de Coordinación y orgánica de la propia delegación. Estos servicios, uno por provincia, integrarán técnicos de prevención de nivel superior e intermedio y los empleados públicos designados para tareas de prevención de riesgos laborales. En cada una de las provincia se procederá a la concertación de las especialidades de Seguridad y Medicina del Trabajo al no ser asumidas con medios propios.
El documento expone que los empleados públicos estarán coordinados por los técnicos superiores o intermedios. La Administración procederá a su nombramiento previa comunicación al Comité de Seguridad y Salud de su ámbito de actuación. En servicios centrales deberá asignarse al menos un empleado público en cada consejería y organismos autónomos; y en los periféricos, uno por cada servicio territorial, dirección provincial de educación y gerencia territorial o provincial.
Cada empleado público tendrá un tiempo de dedicación a estas labores preventivas, que se fija en cuatro días al mes en una consejería u organismo central o en servicio territorial o equivalente, con 30 o más centros de trabajo. Además, se otorgan dos días en la consejería u organismos autónomo de servicios centrales o servicio territorial con menos de 30 centros de trabajo.
Por último, los servicios de prevención de riesgos laborales de las gerencias regional y de área de salud asumen todas las especialidades.
Distribución recursos
Las tablas de recursos humanos indican que el mayor número de trabajadores (propios y ajenos) en prevención se concentrará en Valladolid, 87; seguida de León, 63; Burgos, 49; Palencia, 43; Soria, 42; Salamanca y Zamora, 41 en ambos casos; Ávila, 36; y Segovia, 34.
Los recursos previstos incluyen 111 técnicos superiores; 24 intermedios; y 15 básicos; 72 médicos; 66 ATS; y 148 empleados públicos. La Junta incluye entre sus recursos 29 médicos; 25 ATS; 32 técnicos superiores; 20 intermedios y tres básicos, y 141 empleados públicos. Los servicios ajenos aportan 43 médicos; 41 ATS; 79 técnicos superiores; cuatro intermedios; 12 básicos; y siete empleados.

Cerca de 450 personas velarán por la seguridad de los empleados de la Junta

El acuerdo sobre el servicio de prevención pasa el trámite del Consejo de la Función Pública. 

  • La seguridad laboral se verá incrementada. - MICHAEL REYNOLDS
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DL | VALLADOLID 08/11/2015
La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos contarán con unos recursos humanos para prevención de riesgos laborales integrados por 436 personas, 250 empleados propios y 186 ajenos, que velarán por la seguridad de los 84.327 empleados de la Junta, que trabajan en 6.356 centros. El Consejo de la Función Pública del pasado 18 de octubre ratificó un acuerdo sobre el servicio de prevención de riesgos laborales en la Junta, con la abstención de CCOO, CSIF y Feses y el voto en contra de UGT.
El Gobierno regional repite un modelo mixto en la Administración General y sus organismos autónomos excepto en las instituciones sanitarias, con un servicio preventivo propio que asume las especialidades técnicas de seguridad industrial y ergonomía y psicología aplicada, y mantiene el concierto de servicios ajenos para la seguridad y la vigilancia de la salud. Sacyl mantiene todas las especialidades dentro de su servicio propio y sus planes de prevención.
Con el arranque de la nueva legislatura, el 18 de septiembre los representantes de los trabajadores fueron convocados a la Mesa General de Empleados Públicos, para abordar el acuerdo con la Junta sobre el plan de prevención, que se ratificó el 18 del mes siguiente. El modelo de prevención entró dentro de las negociaciones para la devolución de la extra de 2012 y la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos.
En este sentido, el Ejecutivo asumió el compromiso de estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez explicó, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2016 en las Cortes, que la partida para Función Pública sustenta la Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene la cuantía de 2,7 millones de euros consignada en 2015. Una cantidad que permite mantener el modelo de prevención de riesgos laborales actual (público en sus cuatro especialidades para el personal de Sacyl y mixto para el resto de los empleados públicos).
El plan contempla un Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales con técnicos de prevención de nivel superior en todas las especialidades.

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