El salario de los funcionarios subirá un 1% y recuperarán toda la extra en 2016
En septiembre recibirán otro 25% de la extra suprimida y la tasa de reposición será del 50%.
- amparo estrada | madrid 31/07/2015
A
unos meses de las elecciones, el Gobierno quiere reconciliarse con el
colectivo de dos millones y medio de funcionarios tras años de
congelación salarial, supresión de la paga extraordinaria de Navidades
en 2012, reducción de días de libre disposición y otros recortes. El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confimó ayer a los sindicatos
de la función pública que la ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2016 incluirá un incremento salarial del 1%. Es la primera subida
tras cinco años de congelación salarial y uno de recorte (en 2010 se
redujeron los salarios públicos un 5%), lo que ha provocado una pérdida
de poder adquisitivo acumulada de alrededor del 20% para los empleados
públicos, según cálculos sindicales.
Además, Montoro anunció que en el mes de septiembre se les devolverá a los funcionarios otro 25% de la paga extra suprimida en 2012, que se sumaría al 25% que se les devolvió a comienzos de año. El 50% restante lo cobrarán en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, siempre que haya disponibilidad presupuestaria en las administraciones.
Además, la tasa de reposición de los empleados públicos (cubrir las bajas que se produzcan) será del 100% en los servicios esenciales (Educación, Sanidad, lucha contra el fraude, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que ahora se suman Instituciones Penitenciarias, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes) y servicios sociales). En el resto, la tasa de reposición será del 50%.
Entre los compromisos del Gobierno se encuentran también la devolución el año que viene del último ‘moscoso’ que quedaba pendiente de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos volverán a contar con seis días de libre disposición al año. En cuanto a los días libres por antigüedad (‘canosos’), los empleados públicos podrán disfrutar de uno a partir de ocho trienios, de dos con 10 trienios y del tercero con 12 trienios.
Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, un colectivo de dos millones y medio de personas, de las que medio millón se encuadran en la Administración General del Estado, un millón y medio en las comunidades autónomas y medio millón en la administración local.
Asimismo, el ministro de Hacienda se mostró abierto a que, durante el trámite parlamentario, puedan incluirse mejoras adicionales como la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica o la promoción interna, según CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración.
El presidente CSIF, Miguel Borra, destacó que «la presión de dos millones y medio de empleados públicos ha dado su fruto» y que «el Gobierno ha movido ficha en la dirección correcta, aunque no todo lo que nos hubiera gustado».
La Federación de Servicios Públicos de UGT calificó de «mínima» e «insuficiente» la subida salarial del 1%.
El coordinador del Área de Administraciones Públicas de CC OO, Antonio Cabrera, también insistió en que estos avances propuestos por el Gobierno no cuentan de momento con el acuerdo de los sindicatos, sino que son una decisión unilateral del Ejecutivo.
Además, Montoro anunció que en el mes de septiembre se les devolverá a los funcionarios otro 25% de la paga extra suprimida en 2012, que se sumaría al 25% que se les devolvió a comienzos de año. El 50% restante lo cobrarán en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, siempre que haya disponibilidad presupuestaria en las administraciones.
Además, la tasa de reposición de los empleados públicos (cubrir las bajas que se produzcan) será del 100% en los servicios esenciales (Educación, Sanidad, lucha contra el fraude, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que ahora se suman Instituciones Penitenciarias, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes) y servicios sociales). En el resto, la tasa de reposición será del 50%.
Entre los compromisos del Gobierno se encuentran también la devolución el año que viene del último ‘moscoso’ que quedaba pendiente de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos volverán a contar con seis días de libre disposición al año. En cuanto a los días libres por antigüedad (‘canosos’), los empleados públicos podrán disfrutar de uno a partir de ocho trienios, de dos con 10 trienios y del tercero con 12 trienios.
Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, un colectivo de dos millones y medio de personas, de las que medio millón se encuadran en la Administración General del Estado, un millón y medio en las comunidades autónomas y medio millón en la administración local.
Asimismo, el ministro de Hacienda se mostró abierto a que, durante el trámite parlamentario, puedan incluirse mejoras adicionales como la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica o la promoción interna, según CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración.
El presidente CSIF, Miguel Borra, destacó que «la presión de dos millones y medio de empleados públicos ha dado su fruto» y que «el Gobierno ha movido ficha en la dirección correcta, aunque no todo lo que nos hubiera gustado».
La Federación de Servicios Públicos de UGT calificó de «mínima» e «insuficiente» la subida salarial del 1%.
El coordinador del Área de Administraciones Públicas de CC OO, Antonio Cabrera, también insistió en que estos avances propuestos por el Gobierno no cuentan de momento con el acuerdo de los sindicatos, sino que son una decisión unilateral del Ejecutivo.
