domingo, 14 de septiembre de 2014

QUINTO "MOSCOSO"

Los funcionarios recuperan otro moscoso: aprobada la Ley de racionalización del sector público


El Congreso ha aprobado el proyecto de ley, con lo que los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición de los tres suprimidos en 2012, medida introducida por el PP para intentar reducir el déficit. 
http://vozpopuli.com/actualidad/49257-los-funcionarios-recuperan-otro-moscoso-aprobada-la-ley-de-racionalizacion-del-sector-publico

Nacional | 11-09-2014
 
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, una norma que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.

Tal y como estaba previsto, tras la aprobación de la ley, los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición ("moscoso") de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.

El proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara las ocho propuestas de veto al proyecto de Ley de racionalización del sector público, que según los grupos de la oposición al Gobierno invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.

Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno, forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los recursos públicos.

Romero ha señalado que del texto que salió del Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del Senado, se han introducido veinte modificaciones, entre las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.
Críticas por la "intromisión" que supone la ley

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la administración española era una selva de chiringuitos para socialistas", y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos "flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".

El diputado de CIU Antoni Picó ha señalado que transcurridos casi tres años desde el inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en las competencias autonómicas".

También el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni los estatutos de autonomía".

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ni se corresponde con las necesidades de España.

Joan Coscubiela de la Izquierda Plural ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Lareina ha asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y desmontaje del Estado de bienestar".

Lareina ha aprovechado su intervención en el Congreso para reclamar en este día en que Cataluña celebra la Diada, "el respeto a la voluntad" y "al derecho a decidir del pueblo de Cataluña".

domingo, 7 de septiembre de 2014

MENOS EMPLEADOS PÚBLICOS = PEORES SERVICIOS PÚBLICOS

León prescinde de 1.072 empleados públicos

La poda ha segado en dos años todas las áreas e instituciones, pero el mayor número de puestos se han suprimido en educación (406), en las entidades locales (207) y en el personal de las Fuerzas Armadas (109).

 
m. romero | león 08/09/2014
León tiene actualmente una plantilla de 29.449 empleados públicos, 1.072 menos que hace dos años, cuando el Gobierno instauró un severo plan de medidas para adelgazar las administraciones públicas. La nómina de trabajadores con sueldo público en la provincia sigue siendo mastodóntica, de manera que una de cada seis personas con empleo cobran del Estado, la Junta, la Diputación o de algún ayuntamiento. Es un sueldo público por cada 16 habitantes.
Según recoge el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los recortes no se han producido por igual en todas las casas. Si el objetivo era podar, la administración más cumplidora ha sido la Junta de Castilla y León. En total ha prescindido de 573 empleados, la inmensa mayoría dedicados a la docencia. A este sector pertenecen 406 despedidos. Concretamente, ahora hay 260 maestros menos que hace dos años y 146 trabajadores de la Universidad de León.
En menor medida se ha tocado la plantilla de las consejerías, en las que trabajan 98 empleados menos que en 2012. La sanidad es, según la misma fuente, el área con menos afectados (69).
Pese a los recortes practicados en la Administración autonómica, esta institución sigue siendo el mayor vivero de empleos en la provincia, con 13.905 empleados.
Las instituciones que dependen del Estado también han adelgazado su nómina de empleados en absolutamente todas las áreas posibles. Hoy trabajan para la Administración central 8.065 ciudadanos de León. Hace dos años eran 8.357.
Aquí se ha notado notablemente la reducción de interinos. Éste ha sido uno de los recursos más utilizados por Gobierno y Junta. 131 empleados del personal que se encontraba en diferentes sedes ministeriales de León ya no forman parte de la nómina del Estado y lo mismo ha ocurrido con 98 trabajadores de las consejerías de Castilla y León. Son, no obstante, algunos de los departamentos o áreas en los que menos plantilla se ha recortado.
Los peor parados en este sentido son los miembros de las Fuerzas Armadas. El Estado ha reducido su número en más de un centenar durante estos dos años. Resulta llamativo que la tendencia también haya salpicado a este tipo de empleados públicos, sobre todo porque su evolución durante los últimos años fue espectacular gracias al aporte del gran número de mujeres y de ciudadanos no nacionales. En León se emplean en las Fuerzas Armadas un total de 2.453 personas.
Son muchos más en número que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en cojunto suman 1.901 efectivos. Es, junto a las agencias estatales y los entes públicos, el sector que menos ha sido tocado en estos años. Sólo ha perdido 21 efectivos. Tanto las agencias como los entes públicos tienen ocho empleados menos cada uno.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba hace escasos días que en España la plantilla de empleados públicos no debía bajar más. A nivel nacional, hoy el número de empleados públicos es de 2.551.000, prácticamente la misma cifra que en el año 2004.
Por lo que respecta a Castilla y León, ésta se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor número de empleados públicos por habitante y, aunque ha recortado, el número de empleados públicos es casi el mismo que antes de la crisis. Éste se situó en este territorio en 163.877 trabajadores, 344 menos que un año antes, con un descenso porcentual del 0,2%. La Administración del Estado emplea a 38.693 personas en la Comunidad, con un descenso del 2,3% respecto al arranque de 2013 (909 personas menos); y la Junta, a 84.547, con una rebaja del 1,3% (1.124 empelados menos). Asimismo, las universidades perdieron 115 empleados, el 1,4% de reducción, hasta los 8.268 trabajadores. Por el contrario, la Administración local contaba con 32.369 empleados, un 5,9% más que un año antes, que se traduce en 1.804 nuevas contrataciones.
El documento refleja que en el inicio de 2014, la provincia con un mayor número de empleados públicos era Valladolid, con 35.739, con un descenso del 0,6% en el último año. La provincia donde el número de empleados al servicio de la Administración, descendió más fue Zamora, un 2,6%, hasta los 10.906. Asimismo, también bajaron en Salamanca (23.542), un 0,9%; en Palencia (10.498); un 0,8%; en Soria (7.785), un 0,7%; y en Burgos (23.241), un 0,2%. Por el contrario, se elevaron en Ávila (10.906), un 1,7%, y en Segovia (11.811), un 0,6%.
La distribución de efectivos estatales en la Comunidad se concentraba en la Administración General, con 12.836, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 9.562 empleados; las Fuerzas Armadas, 9.061; la Administración de Justicia, 3.710; y los Entes Públicos, 3.524.
En cuanto a la Administración autonómica, las consejerías y sus organismos acumulan 20.204 empleados; a docencia no universitaria se dedican 30.648 personas; y a las instituciones sanitarias, 33.695.